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El escalamiento de las nuevas formas de lucha impone la recuperación de la autoridad para proteger los derechos de la mayoría de los ciudadanos



Por: Cr. RP. Jorge Salazar

Desde hace unos años se ha iniciado una campaña de debilitamiento de la autoridad y principalmente de la Policía Nacional que representa “la autoridad en las calles”. Este avance es sistemático y bien planificado por las diferentes formas de lucha de los movimientos de izquierda, que ahora es mucho más tenebrosa porque se aprovecha y explota las necesidades de los sectores más pobres de la sociedad y su ignorancia, para llevarlos a un escenario no de protesta pacífica, sino agazapadamente de violencia y agresión.

En los años 2019 y 2020 vimos como floreció esa nueva forma de lucha, que pese al espacio democrático que se les abrió en el Congreso colombiano, continúa siendo violenta, enfrentando a la fuerza policial, tal vez no con armas de fuego por que han comprendido que en el escenario de la protesta pública violenta se pondrían en evidencia, sino con armas “no convencionales” si las puedo llamar así, por que utilizan piedras y rocas (proyectiles), bombas incendiarias, “papas bomba” (petardos explosivos), armas contundentes (palos y garrotes, tubos), cabe decir que un sujeto fue visto rompiendo un establecimiento con una “pica” (herramienta agrícola) que utilizadas con la fuerza física y por un alto número de sujetos se convierte en letal para causar daño a la vida e integridad de las personas y a la policía.

Otra línea de la estrategia está a cargo de los actores intelectuales (dirigentes del movimiento de izquierda, dirigentes de sindicatos, colectivos, etc) que se ha enfocado -y allí está lo novedoso de esta estrategia del movimiento izquierdista-, en la organización sistemática de grupos, ya no de células de dos o tres que lanzaban cosas, ahora son hordas de sujetos, de 50 a 100 que fácilmente pueden convertirse en muchos más, conformados por jóvenes algunos de ellos estudiantes acostumbrados a este accionar que se da en algunas universidades públicas, pero en su gran mayoría jóvenes de los sectores más pobres y deprimidos, ahora con el ingrediente de los migrantes, con poca educación, de esa nueva ola que quieren tener el dinero fácil y sin mayor esfuerzo, muchos de ellos ya acostumbrados a robar o a asaltar a los ciudadanos de bien, que no tienen para comer pero si para tomar licor y consumir drogas, que no se acogen a los diversos programas de desarrollo social que tienen las administraciones locales, sino que se sienten poderosos hasta el punto de “frentear y desafiar” cara a cara a los servidores policiales. Los actores intelectuales dirigen las hordas, los patrocinan y por medio de adoctrinamiento engañoso los manipulan y los ponen a “trabajar” con el pago de dádivas económicas.

Pero el grado de adoctrinamiento e infiltración ha sido muy bien desarrollado y en muchos sectores, entre ellos cabe referir principalmente a las altas Cortes, los medios de comunicación y el magisterio. Las cortes y el Consejo de Estado se han caracterizado por que desde allí han tenido el poder de ir cogobernando y sometiendo a la sociedad a una serie de imposiciones que han impactado en uno de los principales referentes de nuestra nación refrendado nuestro escudo nacional como es “el orden”. Conceptos y fallos que favorecen y de alguna manera promueven la ocupación del espacio público, el consumo de sustancias estupefacientes, la indigencia, el enfoque dañino a la libertad de desarrollo de la personalidad y la libertad de genero, y la laxitud para el manejo del “derecho de reunión” que ahora lo llaman de “protesta social”, todos ellos con un enfoque ideológico donde se pasa por encima de los derechos de las mayorías de ciudadanos para privilegiar los de unas minorías, que con este apoyo han ido tomando fuerza y desapareciendo de la sociedad sus valores y principios.

La acción ha sido maquiavélica porque han logrado maniatar a la institución policial, por medio de presiones y denuncias -muchas de ellas “infundadas” otras a consecuencia del actuar legítimo policial-, logrando restarle el poder y autoridad a la Policía Nacional para resguardar el orden y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Cabe decir que esto se da desde el mismo momento en que la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-223 de 2017 declaró inexequible todo el Título VI DERECHO DE REUNION, de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia, abriendo el espacio para que por la ausencia de una legislación del Congreso, las autoridades locales como el caso de Bogotá y los organismos de control comenzaran a implementar “protocolos” donde han ido introduciendo cada vez más, normas que limitan la acción del cuerpo de policía y específicamente del ESMAD en el control y garantía del derecho de reunión.

Estos lineamientos han invertido la carga ilegal de las acciones de los manifestantes en contra de la acción de la policía, por que tildan de excesiva cualquiera de las acciones del uso de la fuerza que se realizan para tratar de restablecer el orden y de proteger los derechos generales de la ciudadanía. Además, han sembrado un referente de temor en los uniformados que los ha llevado ha algunos a no actuar y a tomar la actitud de “resistir” a costa de su propia vida e integridad los embates de las hordas de vándalos y forajidos delincuentes que no tienen ninguna condición de ciudadanos en uso de su derecho de protesta social “pacífica”, o por lo menos la pierden cuando asumen esta actitud de ataque violento contra los uniformados, contra los bienes y patrimonio de los ciudadanos y contra los bienes públicos. Pero esto no lo entienden así los señores magistrados, privilegiados por el poder y por los altos salarios que derivan del Estado, que también han demostrado ser un nicho de corrupción que se venden a los intereses políticos y a intereses económicos para lucrarse y enriquecerse. El ejemplo palpable es el “cartel de la toga”, que todavía se encuentra en investigación; ¡pero ellos si tienen la frente en alto!

De allí que en las protestas del 28 de abril se observa la aplicación de la estrategia, una clara organización de grupos en su mayoría jóvenes que se coordinan para atacar y robar en establecimientos públicos y otros que tienen planteados objetivos de la infraestructura urbana, el servicio público de transporte, también, los establecimientos comerciales, bancarios y los centros de atención inmediata CAI de la Policía. Estos sujetos desde que se preparan no tienen la intención de una protesta pacífica como la recalcan los líderes organizadores e inductores de las marchas, los medios de comunicación y algunos alcaldes y secretarios de gobierno, sino que se organizan para delinquir, por eso cubren su rostro con pasamontañas, doble vestimenta, llevan morrales donde cargan el material de ataque, pero a ellos nadie los controla, nadie los revisa, al contrario, son tolerados en la marcha “pacífica”. Caso diferente el de la policía que es supervisada por sus mandos, revisada por la defensoría del pueblo, por la procuraduría y ahora hasta por veedores y representantes de organizaciones de derechos humanos. Y aparte de esto, irónicamente los pronunciamientos de autoridades, organismos de control, medios de comunicación, organizadores y demás, es a minimizar las acciones, a lavarse las manos de que esos no son del movimiento, que eso no debe empañar la protesta, cuando son muchos sino la mayoría de ciudadanos los afectados por los daños, son muchos los policias agredidos y lesionados que han estado enfrentados a perder la vida, que ven mancillada su integridad y honra, siendo que al contrario deberían recibir todo el apoyo por ir a poner “el pecho” y por estar desempeñando un rol que muy pocos ciudadanos lo harían.

Ahora, hoy 29, los vándalos le prenden fuego con una bomba incendiaria a cinco policías del ESMAD, vi la noticia por el noticiero de caracol, pero no hay un mensaje reprobatorio ni fuerte por estos actos, la vida del policía no importa, nadie lo respalda, está solo, respondiendo por decisiones de los altos dignatarios, pero lo hace por lealtad y honor a su juramento. ¿Hasta donde puede llegar la resistencia del policía?, ¿cuándo puede tomar acción para defender su vida y su integridad? Estoy seguro de que, si un policía lanza una bomba incendiaria a un vándalo y lo impacta, sería enjuiciado y puesto en la palestra como el más arbitrario y abusivo por los más altos magistrados, los directivos de los organismos de control, defensores de derechos humanos, Human Rights, entre otros, pero al vándalo que lo hace no le sucede nada, por que, si se da la fortuna de atraparlo, nuestra justicia le favorece y le privilegia su derecho legítimo a la protesta sobre el derecho a la vida del policía. Caso reciente el de la señorita “EpaColombia” a la que prácticamente ninguno de los anteriores le reprochó los actos antisociales y vandálicos que cometió.

Pero ¿porque han proliferado las bandas organizadas de vándalos dedicados al saqueo y al hurto? Primero que todo por que están protegidos bajo el manto de los dirigentes actores intelectuales. Segundo porque se escudan bajo la infraestructura del derecho de reunión y de protesta social el cual los órganos de control del Estado y los magistrados lo respaldan, lo privilegian por encima de los derechos de los ciudadanos trabajadores, los propietarios de establecimientos comerciales y de los propietarios de viviendas residenciales que muchas veces terminan vandalizadas y destruidas por acción de los manifestantes y tercero por la expectativa de ganarse un dinero que les pagan por realizar estos actos y por la actitud pasiva de gran parte de la sociedad ante estos hechos.

Es cierto que existen muchas necesidades, mucha pobreza, mucha desigualdad, y los ciudadanos tienen derecho legítimo a expresarse y a pedir participación en las decisiones, a darle a conocer a los mandatarios propuestas de solución, y deben ser escuchados y quienes ostentan el poder de gobierno deben involucrarlos y tener en cuenta las propuestas, pero deben ser manifestaciones verdaderamente pacíficas. Movilizarse, hacer plantón, hacer peticiones, proponer cambios, todo eso es legítimo si se hace en orden, con respeto y pacíficamente.

Se desconoce cual fue el nivel de consulta y de consenso del gobierno nacional para presentar la propuesta de reforma tributaria, pero debería haber considerado prospectivamente los impactos y las reacciones del pueblo y de esta manera haber actuado mas inclusivamente, mucho más abierto y participativo, tener en cuenta que el pueblo es quien elige a los mandatarios y que la voz del pueblo debe ser escuchada por legítimo derecho.

Es evidente que los movimientos de oposición en cabeza de las ideologías de izquierda (comunistas) aprovechan estos “desaciertos” que surgen de acciones que no se esperan de un mandatario democrático, pero que indudablemente le abonan el camino para que ellos avancen y lo manejen hábilmente para manipular los inconformismos y las expectativas agravadas por las grandes brechas que se han profundizado a causa de la pandemia, como el desempleo, la informalidad, la pobreza y pobreza extrema en nuestro país.

La forma como se ha expresado la protesta social desde el año 2019 está dando unas señales de alerta que deben ser analizadas y consideradas para tomar acciones que en realidad garanticen al Estado la capacidad de proteger los derechos y libertades de las mayorías de los ciudadanos.

Ninguna democracia se mantiene y progresa si no cuenta con un alto nivel de seguridad y convivencia, y para ello es indispensable mantener una fuerza policial fortalecida, con respaldo institucional, que cuente con la seguridad jurídica para el uso legítimo de la fuerza y con los medios coercitivos suficientes y necesarios para actuar y enfrentar el escalamiento de las acciones de los grupos vandálicos que ante el debilitamiento que ha sufrido la institución tienen la posibilidad de superar e imponerse al cuerpo policial y esto conllevaría el logro de la anarquía y la desprotección total de los ciudadanos de bien, o reacciones de pronto desproporcionadas de los policiales o de la misma ciudadanía.

Por: Cr. RP. Jorge Salazar