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LAS PROTESTAS VIOLENTAS DEJAN AL DESCUBIERTO GRANDES DEBILIDADES EN LA CULTURA DE CONVIVENCIA COLOMBIANA



Bogotá D.C. 6 de septiembre de 2021.


Por: Cr. RP. Jorge Salazar

Históricamente la convivencia pacífica y civilizada en Colombia ha sido afectada por diferentes fenómenos que han afectado el buen vivir, el disfrute de la tranquilidad y el goce de un ambiente solidario sin temores y miedo a ser víctima de delitos o agresiones o de ser perturbado por las conductas o acciones de los demás ciudadanos.

Es así como el relacionamiento de muchos grupos e individuos de nuestra sociedad ha estado mediado por expresiones conflictivas y de confrontación como la violencia política, la lucha por la tenencia de las tierras, la aparición de grupos armados ilegales que tomaron ideologías políticas de izquierda y pretendieron por la vía de las armas imponerlas en nuestro país buscando cambiar violentamente nuestro modelo de gobierno democrático, sumado a ello, el narcotráfico y ahora la protesta social, que lamentablemente ha mostrado brotes de violencia y altos niveles de agresión hacia la Fuerza Pública y hacia la comunidad en general.

Este proceso de movilización violenta iniciado en Colombia desde finales del año 2019, continuado en el 2020 y en el 2021, se ha caracterizado por la visibilización de un perfil muy preocupante para la convivencia ciudadana, ya que muestra conductas y formas de actuar de los protestantes “vándalos” marcadas por la premeditación y una organización planificada, altos niveles de violencia, agresividad, intención de confrontación, destrucción y total irrespeto a las normas de civilidad y convivencia, a la autoridad de policía y a los derechos fundamentales de los ciudadanos que no participan.

Se observa una actitud beligerante donde se renuncia a las opciones de manifestación pacífica y racional y al contrario se organizan para atacar a la Fuerza Policial, visualizándola como el “enemigo” por el hecho de representar al Estado y de cumplir la función Constitucional de proteger y restablecer el orden público para garantizar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos afectados por las protestas vandálicas.





Estas formas de actuar de los grupos de desadaptados exhiben comportamientos que atentan contra el orden, la tranquilidad y la sana convivencia social, y evidencian rasgos de una débil cultura de civismo y convivencia por la pérdida de principios y valores que deben acompañar el comportamiento de las personas que viven y conviven en comunidad.
La convivencia concierne a la relación de los individuos con su entorno, y está regida por normas sociales que permiten que los ciudadanos no se agredan e irrespeten entre sí, y viabiliza que se reconozcan como poseedores de los mismos derechos y deberes, y ese reconocimiento desde la conciencia de cada uno los mueva a controlar sus actuaciones, acciones y reacciones de tal modo que no sobrepasen el límite de los derechos y libertades de los demás y al contrario, permita un actuar fraterno, amigable y respetuoso que conduzca hacia el bien y lo bueno con el propósito fundamental de convivir en paz.

Siguiendo a Vigotsky, refiriéndose a la convivencia, el proceso de socialización consiste en la apropiación por parte del individuo de toda la experiencia social, lo cual le proporciona la posibilidad de integrarse a la vida en sociedad. En este sentido el comportamiento de grupos como los vándalos, evidencia fallas o falencias en el proceso de socialización, de allí que muestran problemas para convivir sanamente en la sociedad y lo expresan por medio de violencia en contra de referentes como el de gobierno, de la autoridad y el orden que debe reinar en la comunidad. Preocupa puntualmente el actuar de los vándalos porque han generado las protestas violentas, pero también se relaciona con el actuar de los vándalos de las llamadas “barras violentas del futbol” y a los grupos denominados como pandillas barriales, quienes actúan bajo una total ausencia de consideración hacia los demás y sus bienes, irrespetando sus derechos fundamentales individuales y los de la comunidad, mostrando un total desconocimiento de estos preceptos, y por ello fácilmente los violentan bajo acciones de fanatismo y anarquía, aplicando una fuerza injustificada hacia la sociedad, mostrando una forma de convivencia por coacción.

En la convivencia pacífica los propios intereses deben conciliarse con los de la colectividad para mantener inquebrantable la armonía y la estabilidad de las interrelaciones que se dan entre los ciudadanos en el ambiente público y privado. Para que esto se dé, debe existir una visión racionalista de los individuos, en este caso de los grupos de vándalos, pero lo que se ha visto, al contrario, es un actuar irracional y desproporcionado que no considera para nada el respeto a los demás. (teoría social del interés).
Lo que aparece a la vista es que gran parte de los ciudadanos no están preparados para asumir sus deberes y responsabilidades con relación a una sana convivencia y no existe una cohesión social fortalecida que sirva de cobertura de protección contra las manifestaciones violentas que buscan perturbar la convivencia ciudadana.

Por tanto, otra debilidad en nuestra cultura de convivencia se observa en la poca cohesión social, por ejemplo, en el caso puntual de las protestas, no se observó consenso y unidad de criterios frente a la diferenciación de la movilización pública pacífica y la protesta violenta, es cierto que hubo sectores que distorsionaron la realidad de las cosas y con tesis engañosas sostuvieron la validez de unas protestas enmarcadas en anarquía, agresión, destrucción y violación de derechos y libertades, pero la sociedad tuvo pocas manifestaciones de desaprobación y de sanción social ante estos comportamientos.

La cohesión social se fundamenta en el consenso, valores y principios como la solidaridad y la participación ciudadana, de tal modo que, la cohesión social fortalece la convivencia y se constituye en un mecanismo para defenderla y para protegerla de acciones y comportamientos contrarios a ella. En este sentido, por medio de la cohesión social se pueden generar movimientos de opinión, denuncia pública, denuncia penal y desaprobación social para oponerse a aceptar acciones violentas como mecanismo para tramitar los reclamos y las peticiones de solución a los problemas económicos, sociales o políticos que pueden aquejar a la sociedad.

En consecuencia a lo anterior, se puede mencionar que nuestro referente de convivencia continúa debilitándose con la potenciación del disenso y la anarquía que están causando estos sectores agresivos y beligerantes representados por los grupos de vándalos apoyados por ciertos sectores políticos y sociales, que van en contra de los valores democráticos de la sociedad, que optan por la coacción, la violencia y la fuerza para expresarse y para imponerse, contrariando las normas legales y desconociendo las autoridades legítimas y el Estado en sí, el cual tiene que intervenir por su obligación Constitucional de garantizar la convivencia pacífica y el libre ejercicio de derechos y libertades públicas. De esto se deduce también una actitud de rebeldía y anarquismo consciente de los vándalos que entienden que sus actuaciones son ilegales y peligrosas, además de violatorias de normas legales y de los comportamientos contrarios a la convivencia pacífica, sin embargo, incurren en ellos.
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Imagen de Gerd Altmann en Pixabay


Pero ¿por qué estos sujetos actúan de esa manera? Más allá de los intereses individuales que pueden acompañar a los integrantes de estos grupos, los comportamientos de estos sujetos pueden ser en gran medida el resultado de un proceso inadecuado o deficiente de socialización y de conocimientos para ejercer la ciudadanía. Igualmente, son el resultado de una deficiente formación ciudadana en valores y principios democráticos, cívicos y civilistas que no han sido priorizados en los diferentes modelos educativos que se han desarrollado en nuestro país, sumado a ello, tampoco se ha involucrado a la comunidad en este proceso necesario para garantizar una buena convivencia.

Otro factor que influye para generar estos comportamientos es la manipulación por parte de algunos sectores políticos y sociales que están interesados en generar desorden y afectaciones a la convivencia para ganar réditos políticos, que se aprovechan de la ignorancia y el desconocimiento para inducir y auspiciar estos grupos. Al respecto se ha visto recientemente como en forma directa, abusiva e invasiva, la educación a cargo de FECODE ha influido inadecuadamente en la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con un mensaje beligerante, ideologizado hacia la izquierda, lo cual quedó en evidencia en medios de comunicación cuando en una concentración escolar se observó como se instruía a los niños en contra de la Fuerza Pública, en una manifestación algunos educadores pusieron a los niños a protestar en contra de un líder político reconocido y contrario a su ideología y en otro hecho individuos de los grupos vandálicos denominados “primera línea” estaban instruyendo niños para participar en la protesta violenta y confrontar a la Policía.

Sumado a ello, se ha mencionado como un directivo de FECODE apareció dando instrucción a un grupo de sujetos “vándalos” para continuar las alteraciones al orden público, con la implicación de la afectación a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ante este panorama real, la pregunta es: ¿Cuál es la formación en cultura ciudadana para una buena convivencia que reciben los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en Colombia?

Para el surgimiento de una adecuada convivencia es fundamental el proceso de socialización, la cual se da por medio de agentes socializadores como la familia, los centros educativos, grupos informales, el medio laboral y la comunidad, como los más representativos. En este sentido, una de las falencias viene desde los hogares, desde ese núcleo familiar donde los niños aprenden lo que sus padres les enseñan y por el ejemplo que les dan. Pero eso se convierte en un ciclo negativo porque si los padres no reciben formación para la convivencia pacífica, o reciben un mensaje distorsionado como el que transmiten algunos educadores, algunos gobernantes, algunos líderes sociales y políticos, entre otros, pues consecuentemente eso van a transmitir en sus hogares.
Esa ausencia en la formación como ciudadanos no permite generar las competencias ciudadanas que requiere toda persona para aprender a convivir bien y en paz, y al no contar con estos conocimientos sus actuaciones son de un alto riesgo a romper la armonía y trasgredir e irrespetar los derechos y libertades de la colectividad.

Luego, en la escuela también hay deficiencias, en el medio colombiano no se enseñan las normas de convivencia ciudadana y sobre todo los deberes ciudadanos que están consignados en la Constitución y se refrendan en la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia, a pesar de que está consignada esta obligación en el Artículo 236 del mencionado Código, en cambio, sí se exige a la institución policial el control y hacer cumplir las normas por medios coercitivos. Aparte de ello, en nuestro medio se han promovido comportamientos que se considera no favorecen un ambiente de buena convivencia, por ejemplo, la protección “y promoción” al consumo de sustancias estupefacientes y muchos otros más, respaldados por fallos y conceptos de nuestras cortes, principalmente la Corte Constitucional, que los sustenta en sendos y amplios “estudios” sobre el derecho “al libre desarrollo de la personalidad”.

Cabe decir, que los pocos lineamientos que en un momento dado se tuvieron en cuenta como la cátedra de civismo, o la de normas de urbanidad desaparecieron sin ninguna justificación válida y actualmente la de la Constitución Política que la ordena la misma Carta (Artículo 41 C. P.) prácticamente no se dicta y donde se hace no tiene ninguna relevancia, ya que las mismas instituciones de educación no le dan la importancia que a nivel de fortalecimiento social debe tener para influir en el comportamiento respetuoso de los ciudadanos para vivir en comunidad. En este sentido, se podría decir que los colombianos no cuentan con un proceso de formación debidamente estructurado para fungir como ciudadanos con competencias para ejercer la ciudadanía y saber convivir en un ambiente de convivencia pacífica y esto es lo que estamos observando en el comportamiento de menores de edad, jóvenes y adultos en edad temprana, entre ellos los que aparecen haciendo parte de los grupos vandálicos destruyendo y violentando lo que encuentran a su paso.

La formación en competencias ciudadanas es fundamental, porque la seguridad y la tranquilidad de las personas se fundamentan en el respeto en todos los sentidos y en el buen comportamiento de todos en el espacio público, que al comprenderlos, aprenderlos, interiorizarlos y practicarlos constantemente se incorporen en la cultura que permea y rige a los ciudadanos, permitiendo una buena, sana y pacífica convivencia, dentro de los márgenes mínimos aceptables que surgen de las diferencias y desacuerdos entre las personas, pero que son tramitados pacíficamente por los ciudadanos o por las autoridades cuando deban llegar a estas instancias.

Por ello, el Estado por medio del gobierno nacional y el poder legislativo deben adoptar una política de estado con soporte legal para implementar acciones a cargo de las instituciones educativas de todo nivel, las entidades de gobierno del nivel central y las territoriales, y demás instituciones, entidades y organizaciones que se puedan vincular para educar, capacitar y formar a los colombianos en ciudadanía y en convivencia ciudadana, iniciando desde la primera infancia hasta la universidad como lo hacen en otras naciones y poder lograr una cultura ciudadana de convivencia pacífica y armónica que privilegie un ambiente de tranquilidad y seguridad.

De lo contrario, el comportamiento de las nuevas generaciones de ciudadanos seguirá perdiendo los valores y principios básicos que nos permitían una convivencia tranquila y respetuosa -dentro de niveles aceptables en coherencia con los problemas de violencia e inseguridad que ha vivido el país- la cual resulta en riesgo por los nuevos movimientos liberales que han ido tratando de imponer una serie de comportamientos considerados contrarios a la convivencia.

Esto no tiene nada que ver con el reconocimiento de nuevos derechos y de la diversidad de género, si estos se desarrollan dentro del respeto a los valores y principios de la sociedad que les permite convivir. Lo que ha sucedido es que estas nuevas manifestaciones de los grupos que integran la sociedad han pretendido que toda ella adopte privilegios y atención exclusiva para ellos por considerarse diferentes; lo que parece es que se está malinterpretando la comprensión de la igualdad, por tanto, estos nuevos grupos dentro de todas las garantías que hoy les brinda la sociedad colombiana deben comprometerse, esforzarse intelectualmente y ganar el espacio como lo han hecho y lo hacen todos los demás ciudadanos, y el Estado debe apoyarlos en las mismas condiciones como lo hace con todos los demás.

Al momento de hacer este escrito, aún se registran acciones de los grupos de vándalos en la localidad de Suba y en Usme, en la ciudad de Bogotá, donde continúan actuando irracionalmente, causando daños y perturbando el orden público que obliga la intervención de la Fuerza Pública dejando un ambiente de destrucción, desolación y daños en la infraestructura pública la cual toman como objetivo permanente además de los ataques violentos contra los miembros de la Policía Nacional.

Lo más grave es que este tipo de comportamientos entren en un estado de aceptación, tolerancia o de indiferencia por parte de la sociedad y de las comunidades que no son afectadas directamente, lo cual ciertamente va en detrimento de la convivencia porque genera fracturas en el referente colectivo como el temor generalizado, el pesimismo de una vida tranquila, la incertidumbre de ¿qué puede pasar?, la desazón de que esto se salió de las manos, de ausencia de autoridad y que unos grupos como estos puedan transgredir y perturbar sin recibir un justo castigo. Esto de alguna manera se refuerza por la actitud de la mayoría de los medios de comunicación que sirven de medio útil para promocionar estos grupos y que no muestran un análisis juicioso de los hechos, que, pese a que estos grupos utilizan vías de hecho y de enfrentar a la Fuerza Policial, son tildados de protestas pacíficas.

El mensaje es claro, las formas de actuar de los grupos de vándalos, ponen al descubierto una muy débil cultura ciudadana para la convivencia, es palpable que los ciudadanos colombianos desde temprana edad no son formados en competencias para convivir en paz, hay grandes fallas porque prácticamente no existe la formación de los ciudadanos en competencias emocionales, comunicativas y cognitivas que les permita saber relacionarse en sociedad, desenvolverse con el conocimiento pleno de los derechos y deberes que se tienen para irrumpir y permanecer en el espacio público, es así de sencillo, si queremos que los ciudadanos convivan bien, hay que enseñarles como hacerlo, como tramitar los problemas, como solucionar pacíficamente las diferencias, pero sobre todo, como respetar por medio de las competencias del autocontrol y la autorregulación aplicadas a la dimensión personal, familiar y comunitaria.

Existe una falta de compromiso evidente de quienes componen la sociedad, pero principalmente de las autoridades e instituciones, para aportar al logro y el mantenimiento de la convivencia pacífica. Muchos tienen la convicción que eso le corresponde a la Policía Nacional, pero el mantenimiento de la convivencia corresponde a todos, y depende del conocimiento, la comprensión y el respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana, y la convicción de parte de todos los ciudadanos de respetarlos permanentemente.

Es urgente educar al ciudadano en las normas que regulan la convivencia, haciendo énfasis en los deberes ciudadanos que son tan importantes como los derechos, pues el cumplimiento de los deberes sustenta precisamente la exigencia de ellos. La gran mayoría de ciudadanos desconocen el Código Nacional de Seguridad y Convivencia y lo transgreden en muchos casos hasta por ignorancia. Esto es una responsabilidad de las autoridades nacionales y territoriales quienes han hecho muy poco por la difusión y capacitación.

Finalmente, se debe recuperar el principio de autoridad como garantía para el mantenimiento y protección de la convivencia pacífica, y las autoridades principalmente las del orden territorial deben comprometerse en el desarrollo de programas de difusión y capacitación a la comunidad para formar en cultura ciudadana para una buena convivencia.

CR. RP. JORGE ELIAS SALAZAR PEDREROS Vicepresidente Colegio Profesional de Administradores Policiales
“Profesionales al servicio de la Convivencia”

Cr. RP. Jorge Elías Salazar Pedreros

Vicepresidente Colegio de Coroneles de la Policía Nacional

Vicepresidente Colegio Profesional de Administradores Policiales