Por el teniente coronel Alvaro E. Gómez D. Administrador Policial
Un reciente titular del diario económico La República publicado el pasado jueves 5 de mayo
que dice: “ Una ‘empresa’ de 171.000 policías y $11 billones” y la entrevista que de él se
deriva, (Gaviria González, 2022) me motiva a escribir esta reflexión, no solo por los retos
institucionales que hemos enfrentado durante los últimos cuatro años y que nos están
pasando una costosa cuenta reputacional frente a los colombianos, según nos lo muestran
las encuestas, sino por la necesaria y urgente transformación que dichas circunstancias nos
demanda.
Tanto el titular como apartes de la entrevista confunden los conceptos de institución y de
empresa, que para el caso que nos atañe no es algo menor, porque de fondo está en juego
nuestra esencia, claramente definida en el artículo 218 de la actual constitución política:
“La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la
Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de
Colombia convivan en paz.”
Tener absoluta claridad sobre los conceptos que enmarcan la dimensión social y científica
de “lo policial”, es de primordial importancia no solo para sus 171.000 integrantes, sino
sobre todo para la sociedad colombiana en general, a la que nos debemos, ella es nuestra
razón de ser, pero sobre todo para quienes aspiren a gobernarnos.
Es por ello por lo que para ayudar a entender qué somos, voy a hacer un breve esfuerzo
para explicar, lo qué no somos.
No somos una empresa privada, porque mientras las empresas, que también cumplen un
muy importante rol social están hechas para generar riqueza legal y legítimamente, la
policía es una institución para prestar un servicio público esencial, que no genera riqueza
material alguna, no somos un negocio, estamos hechos es para “servir y proteger”.
Si fuéramos una empresa, valdría la pena recordar que hasta hace un par de años
arrastrábamos pretensiones de nuestros demandantes (algo así como sus accionistas, los
ciudadanos) del orden de los 76 billones de pesos por supuestas fallas del servicio, por lo
que habría que apropiar en el presupuesto un estimado de lo que se pagaría una vez se
pronuncie la justicia.
De otra parte, los “accionistas” se deberían estar preguntando, ¿qué hay que hacer para
frenar ese círculo vicioso de fallas en el servicio que nos están haciendo económicamente
insostenibles?
Mientras los policías interactuamos con seres humanos, con personas, con ciudadanos, los
empresarios interactúan con sus “clientes” y en tal sentido establecen una relación
transaccional de prestación de bienes y/o servicios, por los que el cliente paga. A los policías
nos paga la sociedad a través de sus impuestos y en los términos que establecen la ley y los
reglamentos institucionales, y no como resultado de las leyes del mercado.
Vale la pena recordar que, en términos de ética profesional, los profesionales de la salud
por ejemplo tampoco interactúan con clientes, sino con pacientes. Quienes dedican su vida
a los temas de la fe a través de las religiones, tampoco tienen clientes, ellos se deben a sus
feligreses.
A la pregunta sobre: ¿qué tan competitiva es la Policía para atraer talento humano en el
país? Responde el director general afirmando que: “hay un gran desestimulo sobre lo
público”. Si esto pasa, es responsabilidad del gobierno de turno generar una política al
respecto, para estimular la vocación en el servicio público, velando por el adecuado
equilibrio entre lo público y lo privado dentro del estado.
Entonces ¿cómo recuperar la vocación por el servicio público? Creo que una vía sería
alimentando los valores que encontramos en nuestro código de ética policial, identificando
los verbos rectores y los sujetos del deber ser policial. No es volviendo a la policía una
empresa, porque esto equivaldría a su privatización y abriría una inmensa brecha frente a
los latentes riesgos de la corrupción.
Si para compensar las crisis vocacionales nos volcamos exclusivamente en el tema salarial,
nunca será suficiente lo que se gane para satisfacer las aspiraciones mundanas. Y claro que
tener salarios dignos siempre será un ideal, pero no es sólo por esa vía como tendremos
mejores policías. En el largo plazo, los beneficios supra salariales e intangibles que se
reciben al portar el uniforme y ser garantes de la fe pública, compensan cualquier limitación
salarial.
Un buen policía siempre tendrá las mejores oportunidades laborales luego de su retiro del
servicio activo. Su formación, experiencia y buen nombre son invaluables.
Pero por otra parte y de paso sea dicho, tampoco somos una orden “militar religiosa”,
porque no hemos sido formados para la misión que cumplen los militares, ni menos
nuestras escuelas de formación son seminarios o conventos de donde deban surgir quienes
dedican su vida a rezar y servir a la sociedad a través de Dios. Y menos puede ser la fe la que
deba determinar el sistema de promociones, ascensos y distinciones.
Como policías, nuestra biblia no es otra que hacer cumplir la constitución política, las leyes
y los reglamentos de la institución. Es por ello por lo que tenemos que entender que los recursos públicos son sagrados y que el presupuesto que se nos asigna para cumplir nuestro
deber no puede desviarse en gastos propios de la fe y la religión, sea cual sea. Entre otras
cosas para respetar y hacer cumplir aquello de la laicidad que el estado colombiano
consagró en la constitución política.
