Por: Jimmy Bedoya

Profesional en administración policial y de empresas, doctorando en estudios sociales (UExternado), máster en administración de recursos humanos (Ucav de España), máster en administración de negocios -MBA- (UExternado), especialista en seguridad (Espol), gobierno y gerencia pública (EAN) y control interno (UJaveriana), y CIDENAL (Esdeg). Es columnista y consultor con más de 30 años de experiencia en seguridad pública, capital humano y control interno.

La formulación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) como política pública es fundamental para abordar los complejos desafíos de seguridad que enfrentan las ciudades en Colombia. Estos planes buscan reducir la criminalidad y mejorar la percepción de seguridad entre los ciudadanos, y además promueven un enfoque integral que considera la convivencia pacífica y el acceso a la justicia como elementos clave para el bienestar común.

Los PISCC permiten un diagnóstico claro de la situación de seguridad y convivencia para facilitar la identificación de problemáticas y la implementación de soluciones adecuadas. Así, la importancia de los PISCC radica en su capacidad para articular esfuerzos entre diferentes actores como entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Esta colaboración es esencial para crear estrategias efectivas que respondan a las necesidades específicas de cada comunidad, al fomentarse un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida en la seguridad.

En el caso de Bogotá, un equipo de expertos desarrolló el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ) para el periodo de gobierno del actual alcalde 2024-2027, el cual se presenta como una estrategia ambiciosa y multifacética diseñada para abordar de manera integral los desafíos y las brechas en el territorio relacionadas con la coexistencia ciudadana. Este plan articula sus acciones a través de tres pilares fundamentales: la seguridad, la convivencia y el acceso a la justicia. La estrategia de seguridad se centra en la prevención del delito y la desarticulación de redes criminales, mediante un enfoque interagencial que integra a diversas entidades gubernamentales y actores privados para garantizar un entorno urbano seguro y resiliente.

Por otro lado, la estrategia de convivencia promueve la cultura ciudadana y la corresponsabilidad, al buscar transformar los comportamientos a través de acciones pedagógicas y la participación activa de la comunidad. La justicia, como tercer pilar, se orienta hacia un modelo restaurativo que facilita el acceso a mecanismos de resolución de conflictos y la reintegración social, al asegurarse que cada ciudadano tenga una respuesta efectiva y cercana a sus necesidades de justicia.

El PISCCJ no solo es una respuesta a las problemáticas actuales, se proyecta como un modelo adaptable, diseñado para evolucionar con el ambiente dinámico de Bogotá. La estrategia reconoce la importancia de integrar enfoques diferenciales, territoriales y de DDHH, lo que permite una implementación contextualizada y efectiva. A diferencia de iniciativas en otras ciudades colombianas, esta política pública destaca por su enfoque holístico y su capacidad de adaptación a las nuevas realidades tecnológicas y sociales, convirtiéndose en un referente para la gestión de la seguridad pública en contextos urbanos complejos. Este plan subraya la trascendencia en una colaboración estrecha entre instituciones y ciudadanía, donde la tecnología, la participación comunitaria y la gestión por capacidades se conjugan para construir un entorno más seguro, justo y pacífico para todos los bogotanos.

En concordancia a lo anterior se recomienda a las autoridades del Distrito Capital para lograr las metas ambiciosas del plan, incorporar estrategias de integración bajo procedimientos de gerenciamiento basados en evidencia y criminología táctica para que aporten con relevancia al PISCCJ, al enfatizar la importancia de utilizar datos y evidencia empírica para orientar las decisiones de seguridad pública y sus estrategias de intervención. Al aplicar un enfoque basado en evidencia, el PISCCJ optimizará las capacidades de las instituciones al identificar áreas de actuación prioritarias y evaluar la eficacia de los métodos implementados.

Finalmente, para mejorar la efectividad de la puesta en marcha del PISCCJ es conveniente atender los desafíos relacionados con los factores socioeconómicos, la falta de coordinación entre instituciones y la necesidad de una mayor participación comunitaria. Es primordial optimizar la comunicación y el liderazgo transformacional con el propósito de incrementar los resultados del plan, y aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de su seguridad. El PISCCJ de Bogotá representa un esfuerzo significativo para abordar las complejas amenazas de seguridad y convivencia en la ciudad, y al integrar enfoques basados en evidencia y criminología táctica se faculta a las instituciones en la adaptación a las realidades cambiantes de la seguridad y la convivencia, y se maximiza la eficiencia y efectividad en la gestión y utilización de los recursos disponibles para lograr un impacto representativo en la calidad de vida de los ciudadanos.