Con el proceso de formación Escuela de Seguridad Ciudadana, el COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES POLICIALES “COLPAP” busca cualificar a un grupo de administradores policiales, policía, pensionados, retirados y comunidad en general, interesados en adquirir herramientas y habilidades para mejorar la apropiación del conocimiento correspondiente a la PREVENCIÓN DEL DELITO de manera participativa, sostenible, inclusiva.
Por: My (RP) Héctor Castro Corredor
Administrador Policial.
Especialista en seguridad, investigación criminal y alta gerencia. Consultor SVSP, Miembro colegiado COLPAP
En el ámbito de la seguridad, los drones han introducido nuevas habilidades para la vigilancia y la ofensiva; no obstante, su utilización presenta graves peligros, como se ha demostrado en conflictos y acciones terroristas en Colombia y otras partes del mundo. Este escrito tiene como finalidad ofrecer una breve reseña sobre el uso de drones con fines bélicos o terroristas tanto dentro como fuera de nuestro país, considera medidas defensivas que van desde armas de fuego hasta equipos sónicos; adicionalmente, se revisa la normativa colombiana sobre el uso de drones.
En el conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania, los drones han desempeñado un papel crucial. Ucrania ha utilizado drones como el Bayraktar TB2 y Rusia los iraníes Shahed-136 para detectar posiciones enemigas y lanzar ataques precisos. Estos dispositivos han permitido a ambos ejércitos llevar a cabo operaciones con mayor eficiencia y menor riesgo para sus tropas. En el caso de Irán, este país ha empleado drones en operaciones militares y de vigilancia en la región, y ha exportado tecnología de drones a sus proxies como Hizbullah y los hutíes. Esta capacidad ha permitido a Irán proyectar fuerza y dominio y mantener una influencia significativa en la región.
Israel ha sido blanco de múltiples ataques con drones, principalmente por parte de grupos como los mencionados Hizbullah y los hutíes. Estos ataques han puesto de manifiesto la fragilidad de las infraestructuras críticas y la urgente necesidad de implementar sistemas de defensa avanzados. Israel ha respondido con medidas defensivas robustas, incluyendo sistemas de interceptación y neutralización de drones.
Entre tanto, en Colombia, las disidencias de las FARC se han valido de drones para llevar a cabo ataques terroristas, lanzando explosivos sobre objetivos militares y civiles, cada vez con más asiduidad. Estos ataques han subrayado la necesidad de estrategias de defensa más efectivas y la colaboración entre el sector tecnológico y la Fuerza Pública. Vale resaltar el caso de los canales abiertos para buscar la cooperación del Comando Sur de EE. UU. con la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle del Cauca respecto del fortalecimiento de la seguridad que incluye tecnología antidrones.
Pero ¿cómo se puede actuar defensivamente contra amenazas de drones? Este aspecto abarca desde soluciones básicas como escopetas y redes, hasta tecnologías avanzadas como dispositivos de interferencia electrónica y armas de energía dirigida. Los métodos básicos como las armas de fuego y redes son efectivos para abatir drones a corta distancia, entretanto los sistemas de interferencia electrónica, como los inhibidores de señal, pueden desactivar estos dispositivos a mayores distancias al bloquear su conexión con el operador. Además, tecnologías más avanzadas, como el cañón vortex, emplean pulsos de aire comprimido para desestabilizar drones en pleno vuelo. Otros sistemas sofisticados incluyen armas de energía dirigida que utilizan microondas o láseres para neutralizar drones sin causar daños colaterales. La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) adquirió sistemas antidrones de origen francés del fabricante CerbAir para proteger sus bases aéreas. Estos sistemas son cruciales para proteger infraestructuras críticas y asegurar la seguridad en diversas situaciones.
La normatividad es determinante en el control de aeronaves no tripuladas. La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) es el ente responsable de supervisar y certificar las operaciones con drones, asegurando que se cumplan con los parámetros internacionales de seguridad. La regulación nacional está establecida en los reglamentos aeronáutico de Colombia (RAC) 91 y el RAC 100, que definen las condiciones para la operación segura de estos dispositivos. El RAC 91 (que surgió en reemplazo de la circular reglamentaria N.º 002 del 2015) establece las reglas generales para la operación de aeronaves, incluyendo drones; define el ámbito de aplicación y clasifica de los también denominados Unmanned Aerial Vehicle o UAV según su peso y uso; también contempla un régimen sancionatorio para personas naturales y jurídicas que incumplan las disposiciones. Este reglamento asegura que todas las operaciones de drones se realicen de manera segura y conforme a las normas internacionales.
De otra parte, el RAC 100, reglamento que responde a la circular 328 de la Organización Civil Internacional (OACI) se enfoca particularmente en la operación de drones. Incluye requisitos para la autorización de vuelo, restricciones de vuelo en áreas pobladas o en cercanías a aeropuertos, y la obligación de observar protocolos especiales acordes al tipo de línea de visión del dron. Adicionalmente, establece la obligación de registrar los UAV y sus equipos técnicos accesorios o coligados, y determina las responsabilidades tanto de operadores como de pilotos de drones. En este sentido, el procedimiento señalado dispone que el ciudadano debe registran el sistema de la nave no tripulada en la base de datos de la aeronáutica civil que considera otros temas de importancia que debe atender quien desee pilotear esta clase de vehículos. En caso de no tener este registro las autoridades de policía están facultados para extender un comparendo a la luz de la ley 1801 del artículo 146 numeral 10 literal h (Contravenir las obligaciones que se determinen en los reglamentos y/o manuales de uso y operación, que establezcan las autoridades encargadas al respecto) y se procede con la incautación del elemento que es dejado a disposición de un inspector de policía. El uso de una nave no tripulada tiene restricciones de vuelo en espacios aéreos como presidencia de la República, gobernaciones y alcaldías, instalaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, aeropuertos y aglomeraciones de personas. La restricción abarca dos kilómetros cuadrados alrededor de los espacios mencionados.
En síntesis, podemos determinar que la operación de drones, con fines de seguridad o como instrumentos de ataque, muchos de ellos de corte terrorsita, es un fenómeno complejo que requiere una respuesta multidimensional. La adopción de medidas defensivas básicas o tecnologías avanzadas y la exigencia del cumplimiento del marco normativo vigente son caminos esenciales para mitigar los riesgos asociados al uso irregular de estas aeronaves no tripuladas. La cooperación internacional y el desarrollo tecnológico continuo serán clave para enfrentar estos desafíos.
Por: Jimmy Bedoya
Profesional en administración policial y de empresas, doctorando en estudios sociales (UExternado), máster en administración de recursos humanos (Ucav de España), máster en administración de negocios -MBA- (UExternado), especialista en seguridad (Espol), gobierno y gerencia pública (EAN) y control interno (UJaveriana), y CIDENAL (Esdeg). Es columnista y consultor con más de 30 años de experiencia en seguridad pública, capital humano y control interno.
El país se encuentra atrapado en un ciclo vicioso de narcotráfico, violencia y corrupción que parece no tener fin. A pesar de los esfuerzos para combatir el narcotráfico y sus devastadoras consecuencias, se evidencia que las políticas implementadas en las últimas décadas nos conducen por el camino incorrecto frente a la construcción de un Estado fuerte, tal como lo ha descrito James A. Robinson, uno de los tres ganadores del Premio Nobel de Economía del 2024, en su ensayo “Colombia: ¿Otros cien años de soledad?”.
Desde la década de 1970, el narcotráfico ha sido un problema endémico. Las organizaciones criminales han crecido en poder e influencia, moldeando la economía y la política del país. A pesar de las estrategias de erradicación y sustitución de cultivos, las estadísticas sobre la siembra de coca y la producción de drogas siguen siendo alarmantes. Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2023 el área de cultivos de coca en Colombia alcanzó las 253 mil hectáreas, un incremento del 10% con respecto al año anterior, y se rompió el récord de producción de cocaína, al pasar de 1.738 toneladas métricas en 2022 a 2.664 toneladas métricas en el presente año, lo que equivale a un incremento del 53%.
Esta creciente producción está intrínsecamente relacionada con la falta de oportunidades económicas en las zonas rurales. En comunidades donde el Estado es prácticamente ausente, el cultivo de coca se convierte en la única opción viable para muchas familias, situación que ha convertido a algunas regiones en zonas de concentración para actividades ilegales adicionales como la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión, el tráfico de armas, el lavado de activos, el contrabando, entre otras acciones criminales, lo que perjudica la economía local y dificulta el control de la ilegalidad.
La falta de reformas estructurales en la gobernanza al respecto es un obstáculo crucial. Las élites criminales han mantenido su poder e influencia, muchas veces al utilizar el narcotráfico como herramienta para perpetuar su control sobre las comunidades. Según Robinson, sin un cambio radical en las instituciones y una mayor inclusión social, Colombia podría enfrentar otros cien años de soledad. Esto se traduce en un ciclo donde la corrupción y la impunidad alimentan el narcotráfico, mientras que las poblaciones vulnerables quedan atrapadas en una red de violencia y desesperanza.
El narcotráfico también tiene un impacto devastador en el medio ambiente. La siembra de la planta de coca implica la deforestación y el uso de químicos tóxicos que contaminan suelos y fuentes de agua. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las áreas deforestadas para el cultivo de coca han aumentado en un 40% en los últimos cinco años. Este daño ambiental no solo afecta la biodiversidad, sino que también socava la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades.
Es imperativo que, tanto las autoridades como la ciudadanía tomen medidas decisivas para romper esta espiral destructiva. Se necesita una reforma agraria que ofrezca alternativas económicas sostenibles al campesinado. Esto incluye el desarrollo de programas de capacitación y acceso a mercados para productos legales, así como la implementación de cultivos alternativos. Es fundamental fortalecer las instituciones locales para que puedan satisfacer las necesidades básicas y generar confianza en la comunidad.
Las anteriores iniciativas requieren además una mejora en las relaciones internacionales para aprovechar la cooperación con otros países y ejecutar programas efectivos de desarrollo, seguridad e intercambio de información. De la misma forma, fortalecer las operaciones de interdicción en la producción de drogas, mediante un programa integral que combine operaciones de la Fuerza Pública, incautaciones de droga, erradicación de cultivos ilícitos, la fumigación aérea controlada con desarrollo sostenible y el establecimiento de políticas públicas para combatir la producción y comercialización de narcóticos; estrategias a incluir dentro de la implementación de un sistema de monitoreo para evaluar su efectividad y minimizar impactos negativos, todo ello en un marco de participación comunitaria que fomente el diálogo y la cooperación, asegurando así que las comunidades sean parte activa del proceso y no meras víctimas de decisiones externas.
A su vez, el compromiso de las autoridades para establecer reformas que ataquen no solo los síntomas, sino también las causas profundas del narcotráfico. La ciudadanía, por su parte, está en la capacidad de exigir transparencia y rendición de cuentas, así como participar activamente en la formulación de políticas que afecten sus vidas. La trampa de la soledad que Colombia enfrenta con decisión política es evitable. Con un enfoque proactivo y colaborativo es posible construir un futuro donde la paz, la justicia y la sostenibilidad vayan de la mano. Solo así, Colombia podrá salir y romper el círculo de la desesperanza del narcotráfico y avanzar hacia un desarrollo integral que beneficie a todos sus ciudadanos.
Por: BG. Humberto Aparicio Navia
DE MI MADRE “DOÑA CEL”
OJOS CULPABLES
Ojos oscuros donde el fuego arde
con los que sueña su fantasía,
cuando los cierras, muere la tarde.
cuando los abres, asoma el día.
Si los admira pierde la calma
nace en su alma nueva ilusión
cuando los abres, cuando los cierras
de sus tristezas, motivos son.
Si tienen ellos, las vaguedades
de la penumbra, cuando los cierras.
cuando los abres, reina en beldades
rayos de aurora, la noche alumbra
Ojos, motivos de sus querellas…
cuando los abres, cuando los cierras
hay en tus ojos luces tan bellas,
como las luces de las estrellas.
1966
DE MI AUTORÍA
BRUMA CAUTIVA
Amiga de mis amores
no te mires en tu espejo
me dan celos las miradas
de ese tu admirador.
Cuando vayas por la calle
guarda tus ojos morenos
no olvides que eres divina
no olvides que eres mujer.
Vela en tu corazón
el amor de tus ensueños
y al caer de las estrellas
abrázame como a tu almohada.
Aunque me he quedado solo
llevo tu risa insinuante
quizas algún día vuelva a oirte
musitando canciones de amor.
Yo mientras tanto camino
por los senderos del tiempo
en busca de tus recuerdos
que tanto me hicieran felíz.
1966
EXHORTACIÓN
Bajo el azul inmaculado del cielo, escribo estas letras que esperan ansiosas amigo policía, Te
expresen la grandeza de tu profesión al igual que una oración al Señor del alto cielo por tu felicidad
y del conglomerado confiado a tus desvelos.
No olvides que eres figura estelar del acontecer nacional, ten como timbre de gloria asociarte con
individuos de gran virtud. Aprende de edades soñadas y remotas que en el mundo han sido. En fin,
vive hasta siempre como el más honesto de los ciudadanos.
“Policía misioneros de la paz”
El miércoles 16 de octubre de 2024, el Colegio Profesional de Administradores Policiales COLPAP con apoyo de la Policía Nacional, desarrolló exitosamente el Primer Congreso Internacional de Administración Policial: “Aportes desde la profesión a la gestión para resultados de la convivencia y la seguridad ciudadana en el territorio” realizado en las instalaciones de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, ECSAN. Este evento académico marca un hito en el desarrollo y promoción de la profesión.
Por: My. Cristhiam Andelfo Enciso Caucali
El Colegio Profesional de Administradores Policiales COLPAP invita a participar activamente en este evento liderado activamente por el sr. Colegiado My. Cristhiam Andelfo Enciso Caucali a quien lo felicitamos muy especialmente.
Cordialmente invitados los Colegiados y los administradores policiales que residen en el Valle y Cali a participar en forma presencial. Su apoyo contribuye al engrandecimiento del COLPAP.
El pasado jueves 3 de octubre de 2024, en las Instalaciones de la SUDIR PONAL, el Colegio Profesional de Administradores Policiales COLPAP: Proponiendo la Implementación de un Plan Piloto para nuestro Producto SIGEC en algunas Unidades Policiales, Visibilizando la Fundación Escuela de Formación en Cultura Ciudadana para la Convivencia EFCONVI, Buscando el apoyo Institucional para poner en marcha el Observatorio de la Convivencia y la Conflictividad Ciudadana y la Propuesta de puesta en Marcha de la Catedra del Veterano Policial.
Asistieron: sr. Cr. William Núñez Corredor, sr. My. Carlos Vicente Cerón, director ejecutivo de la EFCONVI, sr. My. Luis Carlos Hincapié y sr. Cr. Jorge Elías Salazar Pedreros, presidente nacional COLPAP.