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EL MOSSAD BREVE HISTORIA DE UN SERVICIO SECRETO
EL MOSSAD, agencia de inteligencia israelí, puede ser catalogada como la mejor agencia de inteligencia de los últimos tiempos en el mundo por sus efectivas y sofisticadas acciones. Su destreza en operaciones quirúrgicas, especialmente en la neutralización de líderes terroristas, ha sido clave en la protección de Israel y en la desarticulación de redes extremistas. Un ejemplo claro de su efectividad se evidencia en la rápida y precisa ejecución de abatimientos de cabecillas de alto perfil, como aquellos dirigidos contra líderes de organizaciones terroristas, incluido Hasán Nasrallah, dirigente de Hezbollah. Desde octubre de 2023, Irán y sus proxis han intensificado sus ataques contra el Estado hebreo, lo que provocó una respuesta contundente de las fuerzas israelíes.
Uno de los momentos más sorprendentes de la contundencia operativa de MOSSAD fue la operación de ciberseguridad llevada a cabo en septiembre de 2024 por Israel, que utilizó beepers y walkie talkies modificados con explosivos preinstalados, dirigidos a miembros clave de Hezbollah (este tema lo expuse en un artículo anterior titulado “Ataque Electrónico- cibernético de Israel contra Hezbollah: Un Hito en la Guerra Cibernética”).
Estos dispositivos fueron activados de forma remota, lo que resultó en explosiones sincronizadas en varias ubicaciones en el Líbano y Siria. Este ataque no solo redujo los daños colaterales, limitando el número de víctimas civiles, sino que también debilitó considerablemente la capacidad efectiva y, entre otros, la de comunicación de Hezbollah, desorganizándola profundamente.
La operación expuso de manera definitiva a Hezbollah, revelando vulnerabilidades en su infraestructura de comunicación y demostrando el alto nivel de coordinación y precisión del MOSSAD. Este tipo de operaciones, junto con la capacidad de inteligencia avanzada y el uso de tecnología de punta, destaca el papel del MOSSAD como un líder global en la guerra contra el terrorismo y el crimen organizado.
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LAS CRIPTOFINANZAS: ¿ UN CAMPO VIRTUAL MINADO?
El crecimiento exponencial de las criptomonedas ha marcado un punto de inflexión en el sistema financiero global, y ha transformado tanto las oportunidades de inversión como sus riesgos asociados.
Mientras algunos ven en ellas un medio para acceder a nuevas formas de intercambio y almacenamiento de valor, los problemas ligados a su uso indebido vienen generando gran preocupación. Al facilitar transacciones rápidas y anónimas, las criptomonedas se han convertido en una plataforma ideal para la proliferación de actividades ilícitas como el lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación del terrorismo, entre otras.
Tan vertiginoso ha sido su auge que los marcos regulatorios existentes no han podido seguirle el ritmo. Como es de esperar, ante la ausencia de una legislación global coherente, los esquemas fraudulentos y las ciberestafas también han ido en aumento. Según la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), en 2023 se reportaron más de 69.000 denuncias de fraudes relacionados con criptoactivos, con pérdidas estimadas de más de 5.600 millones de dólares. Estas estafas suelen incluir esquemas piramidales, ofertas iniciales de monedas fraudulentas y plataformas de inversión falsas que prometen ganancias extraordinarias a los inversores, quienes terminan perdiendo sus fondos sin posibilidad de recuperarlos.
Por su parte, de acuerdo con un informe de la Financial Crime Academy, en 2022 se enviaron alrededor de 24.000 millones de dólares en criptomonedas a destinaciones ilícitas, lo que refleja la magnitud del desafío que representa el uso de estos activos en actividades criminales.
Es un desafío de fondo. La falta de transparencia y los vacíos regulatorios asociados con el uso de criptoactivos están incrementando los riesgos, tanto para los inversores como para las instituciones financieras. Por su parte, el anonimato que proporcionan estos activos digitales facilita que las organizaciones criminales y estafadores hagan transferencias sin necesidad de intermediarios y que circulen fondos ilícitos sin dejar un rastro claro.
Este fenómeno supone una amenaza latente para la seguridad global, pues los delincuentes logran mover fondos a través de múltiples jurisdicciones sin ser detectados. Al mismo tiempo, los instrumentos regulatorios actuales resultan insuficientes para procesarlos judicialmente. Además, la falta de conocimiento sobre medidas de seguridad por parte de los usuarios de criptomonedas los expone a ataques, lo que permite a los criminales acceder a sus claves y apropiarse de sus activos.
En este contexto, la negligencia individual es solo una parte del problema. La verdadera amenaza radica en la ausencia de una regulación más estricta, en la falta de cooperación internacional para mitigar los riesgos asociados a la expansión del mercado de criptoactivo, y en la poca preparación en el entendimiento de estas dinámicas.
Por ende, es necesario priorizar la comprensión general de las criptomonedas, con todas sus repercusiones. La estabilidad y seguridad del sistema financiero, tanto público como privado, dependen de asumir un enfoque proactivo para mitigar los efectos, directos e indirectos, de esta actividad. De no adoptar decididamente medidas preventivas adecuadas, podríamos quedarnos rezagados en un escenario económico en rápida evolución, en el que la innovación tecnológica está redefiniendo las reglas del intercambio financiero y, al mismo tiempo, aumentando la vulnerabilidad ante las amenazas emergentes.
Por qué las criptomonedas generan tanta preocupación
A diferencia de los instrumentos financieros tradicionales, como las acciones o los bonos, las criptomonedas no están respaldadas por ningún gobierno ni institución financiera, lo que aumenta su inestabilidad. Además, la posibilidad de perder el acceso a los fondos si se olvida la clave de una cartera digital añade otro nivel de riesgo para los usuarios. Estos elementos, junto con la falta de un marco regulatorio sólido, han creado el ambiente perfecto para que estafadores y ciberdelincuentes operen sin consecuencias claras.
Una de las estafas más comunes relacionadas con las criptomonedas es el esquema Ponzi, en el que los estafadores prometen altos retornos a los primeros inversores, utilizando el dinero de nuevos inversores para pagarles. Este esquema es insostenible a largo plazo, y cuando colapsa, deja a miles de víctimas sin sus ahorros. Otras tácticas incluyen la creación de plataformas de inversión falsas que imitan a sitios legítimos, engañando a los usuarios para que transfieran fondos. Además, las aplicaciones de citas se han convertido en un terreno fértil para los estafadores, quienes se hacen pasar por interesados románticos para manipular emocionalmente a sus víctimas y persuadirlas de invertir en criptomonedas.
Pero el uso de criptomonedas no solo es atractivo para los delincuentes que buscan individuos incautos; también ha captado la atención de actores gubernamentales que buscan utilizar estos activos para evitar sanciones económicas. Casos como el de Corea del Norte han puesto de manifiesto cómo algunos gobiernos están explotando la naturaleza descentralizada de las criptomonedas para financiar programas ilícitos, como el desarrollo de armas nucleares. Esta realidad subraya la necesidad de que los gobiernos internacionales cooperen en la creación de políticas públicas que puedan rastrear y bloquear el uso ilícito de los criptoactivos.
El desafío regulatorio
Sin embargo, las criptomonedas no son inherentemente malas. Su tecnología subyacente, conocida como blockchain, tiene un inmenso potencial para transformar múltiples industrias, incluidas las finanzas, la salud y la logística. Esta tecnología permite transacciones transparentes y seguras, y tiene la capacidad de reducir costos y mejorar la eficiencia en diversas áreas. No obstante, el riesgo de abuso es real, y sin la intervención adecuada de los gobiernos, los delincuentes seguirán explotando estas plataformas.
Es por ello que la creación de un marco regulatorio que permita el desarrollo seguro y responsable de las criptofinanzas es urgente. Tanto los gobiernos como las instituciones financieras requieren implementar acciones colaborativas para desarrollar soluciones que puedan rastrear transacciones sospechosas, prevenir el lavado de dinero, identificar patrones irregulares, o alertar a las autoridades sobre posibles actividades ilícitas. Al mismo tiempo, es primordial educar al público sobre los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas, para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas y evitar caer en estafas.
Aunque no sea un reto fácil de abordar, sí es imperativo que las criptomonedas sean vistas como un tema de riesgo público, tan serio como para ameritar su inclusión en la agenda pública. Más que sofocar las características de innovación y practicidad de las criptomonedas, lo que se debe garantizar es que se utilicen de manera segura y responsable.
Estamos hablando de una adopción de políticas públicas que protejan tanto a los consumidores como a las instituciones. Estamos hablando de una necesidad inaplazable. En última instancia, solo un enfoque multilateral y coordinado podrá mitigar los riesgos asociados a las criptomonedas y permitir que su potencial transformador se despliegue de manera positiva en la economía global.
Finalmente, el desarrollo de políticas efectivas tendrá que basarse en la cooperación entre gobiernos, organismos internacionales y la industria tecnológica. Una colaboración integral que permita cerrar las lagunas jurídicas y ofrecer un marco regulatorio adecuado, enfocado en favorecer la transparencia y la seguridad en el uso de criptoactivos.
Reconozcámoslo. Las criptomonedas, más que una moda pasajera, son un avance tecnológico que ha llegado para quedarse, pero es responsabilidad de los gobiernos asegurarse de que su impacto sea positivo y seguro para todos los actores involucrados.
Por: Henry M. Rodríguez – latinoamerica21.com
LA PRÁCTICA DE LA MENTIRA CON FINES POLÍTICOS. ESTRATEGIA DEL AUTORITARISMO PARA EL CONDICIONAMIENTO Y ALINEAMIENTO DE LA POBLACIÓN
Por: CR. RP. Jorge Elías Salazar Pedreros. Presidente Colegio Profesional de Administradores Policiales
En un artículo anterior escrito para el momento de campaña política para la presidencia, me referí a la “política de la mentira”, donde comentaba sobre algunos de los planteamientos que estaba haciendo un candidato que finalmente salió vencedor y asumió como presidente actual de la Colombia.
Ahora, dos años y medio después, en ejercicio del gobierno nacional, vuelvo a referirme sobre esta forma de gobernar a la cual ha sido sometida la población colombiana, muchos de ellos sin percibir esta estrategia y otros que si lo observan y manifiestan su oposición.
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PARA LOS QUE NO SABEN O NO SE ACUERDAN
Por: Brigadier General (H) HUMBERTO APARICIO NAVIA
PALABRAS CON MOTIVO DE LA GRADUACIÓN DEL CURSO 120 DE OFICIALES ADMINISTRADORES POLICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
Inicio por presentar un saludo muy especial de felicitación, a los jóvenes subtenientes graduandos del Curso 120 de Oficiales de nuestra benemérita Policía Nacional de Colombia, que se consagran como la Promoción 2024 de Administradores Policiales.
Hoy es un día muy especial para toda la comunidad académica de nuestra Policía Nacional, también para la sociedad colombiana, que recibe un nuevo grupo de oficiales administradores policiales, pero, sobre todo, para las apreciadas familias de cada uno de ustedes, jóvenes graduandos, que hoy reciben su titulación profesional como administradores policiales, tan valorable como el grado de SUBTENIENTES que hoy obtienen dentro de su carrera policial.
Y este no es el fin de una meta, sino el comienzo de una larga y promisoria profesión de servicio al país, a la patria, pero muy especialmente, a la comunidad colombiana, a todos esos ciudadanos sin distingo alguno, que esperan gozar de la seguridad y la tranquilidad en todo el territorio nacional, bajo el amparo de los servidores policiales, a quienes sin lugar a dudas añoran y esperan tener cerca, para lograr alivio, frente a los grandes problemas de inseguridad y violencia que hoy enfrenta nuestra sociedad.
El camino recorrido en esta, su Escuela, exigente, con mucha disciplina en el campo intelectual y de preparación física, para la mayoría debe haber sido un gran desafío, pero esa es la lógica de la formación, que sea tan fuerte y exigente, que ahora que se rompe la cinta, que se sube al primer peldaño, todo lo que se van a encontrar lo puedan asimilar, discernir, y resolver de la mejor manera, no con improvisación, sino con la aplicación del conocimiento, y de todo ese bagaje de técnicas, métodos, conceptos y fundamentos, que demostrarán sus competencias profesionales y las habilidades adquiridas, que hoy por hoy, son las únicas herramientas para ganar la confianza y la credibilidad ante la comunidad, ávida de mejores condiciones de convivencia, en un ambiente invadido por los comportamientos desviados, conflictivos, irrespetuosos y arbitrarios, de buena parte de ciudadanos, que incomprensiblemente agreden y vulneran los derechos y las libertades de los demás, generalmente, de los más desvalidos y vulnerables.
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CURSO CORTO VIRTUAL PREVENCIÓN DEL DELITO
Con el proceso de formación Escuela de Seguridad Ciudadana, el COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES POLICIALES “COLPAP” busca cualificar a un grupo de administradores policiales, policía, pensionados, retirados y comunidad en general, interesados en adquirir herramientas y habilidades para mejorar la apropiación del conocimiento correspondiente a la PREVENCIÓN DEL DELITO de manera participativa, sostenible, inclusiva.
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EL USO DE DRONES EN SEGURIDAD Y COMO AMENAZA: ANÁLISIS Y MEDIDAS DEFENSIVAS EN COLOMBIA
Por: My (RP) Héctor Castro Corredor
Administrador Policial.
Especialista en seguridad, investigación criminal y alta gerencia. Consultor SVSP, Miembro colegiado COLPAP
En el ámbito de la seguridad, los drones han introducido nuevas habilidades para la vigilancia y la ofensiva; no obstante, su utilización presenta graves peligros, como se ha demostrado en conflictos y acciones terroristas en Colombia y otras partes del mundo. Este escrito tiene como finalidad ofrecer una breve reseña sobre el uso de drones con fines bélicos o terroristas tanto dentro como fuera de nuestro país, considera medidas defensivas que van desde armas de fuego hasta equipos sónicos; adicionalmente, se revisa la normativa colombiana sobre el uso de drones.
En el conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania, los drones han desempeñado un papel crucial. Ucrania ha utilizado drones como el Bayraktar TB2 y Rusia los iraníes Shahed-136 para detectar posiciones enemigas y lanzar ataques precisos. Estos dispositivos han permitido a ambos ejércitos llevar a cabo operaciones con mayor eficiencia y menor riesgo para sus tropas. En el caso de Irán, este país ha empleado drones en operaciones militares y de vigilancia en la región, y ha exportado tecnología de drones a sus proxies como Hizbullah y los hutíes. Esta capacidad ha permitido a Irán proyectar fuerza y dominio y mantener una influencia significativa en la región.
Israel ha sido blanco de múltiples ataques con drones, principalmente por parte de grupos como los mencionados Hizbullah y los hutíes. Estos ataques han puesto de manifiesto la fragilidad de las infraestructuras críticas y la urgente necesidad de implementar sistemas de defensa avanzados. Israel ha respondido con medidas defensivas robustas, incluyendo sistemas de interceptación y neutralización de drones.
Entre tanto, en Colombia, las disidencias de las FARC se han valido de drones para llevar a cabo ataques terroristas, lanzando explosivos sobre objetivos militares y civiles, cada vez con más asiduidad. Estos ataques han subrayado la necesidad de estrategias de defensa más efectivas y la colaboración entre el sector tecnológico y la Fuerza Pública. Vale resaltar el caso de los canales abiertos para buscar la cooperación del Comando Sur de EE. UU. con la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle del Cauca respecto del fortalecimiento de la seguridad que incluye tecnología antidrones.
Pero ¿cómo se puede actuar defensivamente contra amenazas de drones? Este aspecto abarca desde soluciones básicas como escopetas y redes, hasta tecnologías avanzadas como dispositivos de interferencia electrónica y armas de energía dirigida. Los métodos básicos como las armas de fuego y redes son efectivos para abatir drones a corta distancia, entretanto los sistemas de interferencia electrónica, como los inhibidores de señal, pueden desactivar estos dispositivos a mayores distancias al bloquear su conexión con el operador. Además, tecnologías más avanzadas, como el cañón vortex, emplean pulsos de aire comprimido para desestabilizar drones en pleno vuelo. Otros sistemas sofisticados incluyen armas de energía dirigida que utilizan microondas o láseres para neutralizar drones sin causar daños colaterales. La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) adquirió sistemas antidrones de origen francés del fabricante CerbAir para proteger sus bases aéreas. Estos sistemas son cruciales para proteger infraestructuras críticas y asegurar la seguridad en diversas situaciones.
La normatividad es determinante en el control de aeronaves no tripuladas. La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) es el ente responsable de supervisar y certificar las operaciones con drones, asegurando que se cumplan con los parámetros internacionales de seguridad. La regulación nacional está establecida en los reglamentos aeronáutico de Colombia (RAC) 91 y el RAC 100, que definen las condiciones para la operación segura de estos dispositivos. El RAC 91 (que surgió en reemplazo de la circular reglamentaria N.º 002 del 2015) establece las reglas generales para la operación de aeronaves, incluyendo drones; define el ámbito de aplicación y clasifica de los también denominados Unmanned Aerial Vehicle o UAV según su peso y uso; también contempla un régimen sancionatorio para personas naturales y jurídicas que incumplan las disposiciones. Este reglamento asegura que todas las operaciones de drones se realicen de manera segura y conforme a las normas internacionales.
De otra parte, el RAC 100, reglamento que responde a la circular 328 de la Organización Civil Internacional (OACI) se enfoca particularmente en la operación de drones. Incluye requisitos para la autorización de vuelo, restricciones de vuelo en áreas pobladas o en cercanías a aeropuertos, y la obligación de observar protocolos especiales acordes al tipo de línea de visión del dron. Adicionalmente, establece la obligación de registrar los UAV y sus equipos técnicos accesorios o coligados, y determina las responsabilidades tanto de operadores como de pilotos de drones. En este sentido, el procedimiento señalado dispone que el ciudadano debe registran el sistema de la nave no tripulada en la base de datos de la aeronáutica civil que considera otros temas de importancia que debe atender quien desee pilotear esta clase de vehículos. En caso de no tener este registro las autoridades de policía están facultados para extender un comparendo a la luz de la ley 1801 del artículo 146 numeral 10 literal h (Contravenir las obligaciones que se determinen en los reglamentos y/o manuales de uso y operación, que establezcan las autoridades encargadas al respecto) y se procede con la incautación del elemento que es dejado a disposición de un inspector de policía. El uso de una nave no tripulada tiene restricciones de vuelo en espacios aéreos como presidencia de la República, gobernaciones y alcaldías, instalaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, aeropuertos y aglomeraciones de personas. La restricción abarca dos kilómetros cuadrados alrededor de los espacios mencionados.
En síntesis, podemos determinar que la operación de drones, con fines de seguridad o como instrumentos de ataque, muchos de ellos de corte terrorsita, es un fenómeno complejo que requiere una respuesta multidimensional. La adopción de medidas defensivas básicas o tecnologías avanzadas y la exigencia del cumplimiento del marco normativo vigente son caminos esenciales para mitigar los riesgos asociados al uso irregular de estas aeronaves no tripuladas. La cooperación internacional y el desarrollo tecnológico continuo serán clave para enfrentar estos desafíos.
NARCOTRÁFICO: LA TRAMPA DE LA SOLEDAD
Por: Jimmy Bedoya
Profesional en administración policial y de empresas, doctorando en estudios sociales (UExternado), máster en administración de recursos humanos (Ucav de España), máster en administración de negocios -MBA- (UExternado), especialista en seguridad (Espol), gobierno y gerencia pública (EAN) y control interno (UJaveriana), y CIDENAL (Esdeg). Es columnista y consultor con más de 30 años de experiencia en seguridad pública, capital humano y control interno.
El país se encuentra atrapado en un ciclo vicioso de narcotráfico, violencia y corrupción que parece no tener fin. A pesar de los esfuerzos para combatir el narcotráfico y sus devastadoras consecuencias, se evidencia que las políticas implementadas en las últimas décadas nos conducen por el camino incorrecto frente a la construcción de un Estado fuerte, tal como lo ha descrito James A. Robinson, uno de los tres ganadores del Premio Nobel de Economía del 2024, en su ensayo “Colombia: ¿Otros cien años de soledad?”.
Desde la década de 1970, el narcotráfico ha sido un problema endémico. Las organizaciones criminales han crecido en poder e influencia, moldeando la economía y la política del país. A pesar de las estrategias de erradicación y sustitución de cultivos, las estadísticas sobre la siembra de coca y la producción de drogas siguen siendo alarmantes. Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2023 el área de cultivos de coca en Colombia alcanzó las 253 mil hectáreas, un incremento del 10% con respecto al año anterior, y se rompió el récord de producción de cocaína, al pasar de 1.738 toneladas métricas en 2022 a 2.664 toneladas métricas en el presente año, lo que equivale a un incremento del 53%.
Esta creciente producción está intrínsecamente relacionada con la falta de oportunidades económicas en las zonas rurales. En comunidades donde el Estado es prácticamente ausente, el cultivo de coca se convierte en la única opción viable para muchas familias, situación que ha convertido a algunas regiones en zonas de concentración para actividades ilegales adicionales como la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión, el tráfico de armas, el lavado de activos, el contrabando, entre otras acciones criminales, lo que perjudica la economía local y dificulta el control de la ilegalidad.
La falta de reformas estructurales en la gobernanza al respecto es un obstáculo crucial. Las élites criminales han mantenido su poder e influencia, muchas veces al utilizar el narcotráfico como herramienta para perpetuar su control sobre las comunidades. Según Robinson, sin un cambio radical en las instituciones y una mayor inclusión social, Colombia podría enfrentar otros cien años de soledad. Esto se traduce en un ciclo donde la corrupción y la impunidad alimentan el narcotráfico, mientras que las poblaciones vulnerables quedan atrapadas en una red de violencia y desesperanza.
El narcotráfico también tiene un impacto devastador en el medio ambiente. La siembra de la planta de coca implica la deforestación y el uso de químicos tóxicos que contaminan suelos y fuentes de agua. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las áreas deforestadas para el cultivo de coca han aumentado en un 40% en los últimos cinco años. Este daño ambiental no solo afecta la biodiversidad, sino que también socava la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades.
Es imperativo que, tanto las autoridades como la ciudadanía tomen medidas decisivas para romper esta espiral destructiva. Se necesita una reforma agraria que ofrezca alternativas económicas sostenibles al campesinado. Esto incluye el desarrollo de programas de capacitación y acceso a mercados para productos legales, así como la implementación de cultivos alternativos. Es fundamental fortalecer las instituciones locales para que puedan satisfacer las necesidades básicas y generar confianza en la comunidad.
Las anteriores iniciativas requieren además una mejora en las relaciones internacionales para aprovechar la cooperación con otros países y ejecutar programas efectivos de desarrollo, seguridad e intercambio de información. De la misma forma, fortalecer las operaciones de interdicción en la producción de drogas, mediante un programa integral que combine operaciones de la Fuerza Pública, incautaciones de droga, erradicación de cultivos ilícitos, la fumigación aérea controlada con desarrollo sostenible y el establecimiento de políticas públicas para combatir la producción y comercialización de narcóticos; estrategias a incluir dentro de la implementación de un sistema de monitoreo para evaluar su efectividad y minimizar impactos negativos, todo ello en un marco de participación comunitaria que fomente el diálogo y la cooperación, asegurando así que las comunidades sean parte activa del proceso y no meras víctimas de decisiones externas.
A su vez, el compromiso de las autoridades para establecer reformas que ataquen no solo los síntomas, sino también las causas profundas del narcotráfico. La ciudadanía, por su parte, está en la capacidad de exigir transparencia y rendición de cuentas, así como participar activamente en la formulación de políticas que afecten sus vidas. La trampa de la soledad que Colombia enfrenta con decisión política es evitable. Con un enfoque proactivo y colaborativo es posible construir un futuro donde la paz, la justicia y la sostenibilidad vayan de la mano. Solo así, Colombia podrá salir y romper el círculo de la desesperanza del narcotráfico y avanzar hacia un desarrollo integral que beneficie a todos sus ciudadanos.
