FALTA DE LIDERAZGO NACIONAL

Por Jimmy Bedoya Ramírez

La Fuerza Pública en Colombia ha tenido un papel trascendental en la defensa de la soberanía y el orden constitucional del país. Por tal motivo, los comandantes de cada una de las Fuerzas Militares (FFMM) y la Policía Nacional reconocieron en protección de la Carta Magna a un exintegrante de un grupo subversivo como comandante en jefe en la ceremonia de posesión presidencial.

Hoy el país cuenta con la Fuerza Pública más profesional de su historia, y es para conocimiento de todos, las FFMM y Policía más fortalecidas de América Latina, como resultado de las políticas desarrolladas en las últimas décadas y la experiencia adquirida por el conflicto interno; así mismo cuentan con el reconocimiento de la sociedad.

Sin embargo, desde que asumió el gobierno el presidente Petro, se han tomado una serie de determinaciones que han debilitado la seguridad pública, lo cual repercute en la convivencia y percepción de seguridad. Hay quienes piensan que esto se deba a planes oscuros de debilitamiento a la Fuerza Pública, pero en definitiva se evidencian fallas en el liderazgo pertinente en la toma de decisiones.

El presidente asumió el poder con el planteamiento de una “paz total”, que implica lograr acuerdos con los grupos armados en busca de su desmovilización, para generar espacios que permitan disolver las motivaciones de la violencia, reducir las brechas en la propiedad de la tierra y la desigualdad en el campo, y el fin del narcotráfico; aspectos imprescindibles para alcanzar la paz.

Las grietas en el liderazgo delegado por el pueblo pueden repercutir en la defensa del Estado y su sistema democrático

Pero en Colombia, las disputas por el control territorial de las economías ilícitas se han acrecentado ante una débil presencia del Estado en el territorio que se revela insuficiente para evitar estos enfrentamientos, desconcertando a la sociedad civil.

Cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal indican que los homicidios aumentaron cerca de un 5.2% entre enero y noviembre de 2023 respecto al 2022. En los primeros 11 meses de 2023, se presentaron 12.682 homicidios, 637 casos más que en 2022 cuando se registraron 12.045. La tasa de homicidio del país es de 25.4 por cien mil habitantes; la tasa del mundo es de 5.8 según la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Otro delito que más causa percepción de inseguridad es el hurto, principalmente el hurto a celulares y de bicicletas los cuales tocan al ciudadano de a pie y van en aumento; de la misma forma, se incrementaron las extorsiones. En 2023, según la Policía, se presentaron 8.551 casos frente a 7.404 del 2022, recordemos que este es un delito con un alto subregistro por la falta de denuncia.

¿Dónde está el liderazgo? Las FFMM y la Policía son instituciones fundamentales para atender esta crisis, y cuentan con el capital humano profesionalizado para actuar. Si bien a la Fuerza Pública no le corresponde resolver todos los problemas sociales generadores de violencia, sí son una herramienta esencial para contener el aumento de los mismos y facilitar que en los territorios puedan llegar las demás instituciones con sus planes de desarrollo social.

Las grietas en el liderazgo delegado por el pueblo pueden repercutir en la defensa del Estado y su sistema democrático. La estabilidad del país requiere avanzar en líneas puntuales propuestas desde el ejecutivo para el robustecimiento en la toma de decisiones que le permitan a la Fuerza Pública cumplir con su mandato constitucional y que no se les cause un daño irreversible a estas y al país.

LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNDO DIGITAL

Por: My (RP) Héctor Castro Corredor
Administrador Policial.
Especialista en seguridad, investigación criminal y alta gerencia.
Consultor SVSP, Miembro colegiado COLPAP.

La Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, define la convivencia como “la interacción pacífica,
respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el
ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico”. En el mundo digital,
este principio se traduce en una interacción empática y responsable,
soportada en valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad. La
construcción de un entorno digital sano demanda proteger los derechos
y la dignidad de los cibernavegantes, promover el uso ético de la
tecnología y facilitar la resolución pacífica de conflictos en línea y atender
la observancia de algunos deberes.


El uso masivo de redes sociales y plataformas digitales ha redefinido la
manera en que las personas interactúan, trabajan, comunican, y
participan en la sociedad. Según el informe We Are Social y Hootsuite
(2024), el 77% de los colombianos tiene acceso a internet y el 71% utiliza
redes sociales diariamente, consolidando el espacio digital como un eje
fundamental de la ciudadanía.


Así como la ciudadanía establece un vínculo jurídico y político entre
individuos y el Estado, la ciudadanía digital regula las interacciones de los
actores en el ciberespacio; más allá del acceso tecnológico, implica un
conjunto de competencias esenciales que permiten a los ciudadanos
informarse, evaluar, crear y compartir contenido de manera segura, crítica
y considerada, fortaleciendo su participación en los ámbitos personal,
profesional y social. En Colombia, la ciudadanía digital se regula a través
de leyes, una política pública y otras normativas que buscan garantizar
derechos digitales, acceso equitativo a la tecnología y protección de
datos.
Nuestros valores y actitudes deben trascender los entornos digitales,
promoviendo la empatía y el respeto hacia los derechos humanos propios
y de terceros. Evitar agresiones, proteger la privacidad y fomentar el
diálogo constructivo son principios esenciales para una convivencia digital
armónica. Al interactuar en línea, es vital reconocer que formamos parte
de una sociedad interconectada, donde cada acción contribuye a la
cultura digital compartida.


Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos en el
entorno virtual. Aunque cada país define sus normas legales, en Internet su
aplicación es compleja debido a la falta de fronteras y regulaciones
universales. Para garantizar la ciudadanía digital, es imprescindible recurrir
a convenciones internacionales sobre derechos humanos y digitales,
asegurando principios como la privacidad, libertad de expresión y acceso
equitativo a la información. Sin embargo, el entorno digital también
presenta riesgos y desafíos emergentes, como el discurso de odio, la
desinformación, el ciberacoso y la pérdida de privacidad. Ejemplos
recientes, como los ataques coordinados a líderes sociales y la viralización
de información falsa en las elecciones regionales de 2023, evidencian la
urgencia de establecer una ética de la convivencia digital.

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