Por: Jimmy Bedoya
Profesional en administración policial y de empresas, doctorando en estudios sociales (UExternado), máster en administración de recursos humanos (Ucav de España), máster en administración de negocios -MBA- (UExternado), especialista en seguridad (Espol), gobierno y gerencia pública (EAN) y control interno (UJaveriana), y CIDENAL (Esdeg). Es columnista y consultor con más de 30 años de experiencia en seguridad pública, capital humano y control interno.
El país se encuentra atrapado en un ciclo vicioso de narcotráfico, violencia y corrupción que parece no tener fin. A pesar de los esfuerzos para combatir el narcotráfico y sus devastadoras consecuencias, se evidencia que las políticas implementadas en las últimas décadas nos conducen por el camino incorrecto frente a la construcción de un Estado fuerte, tal como lo ha descrito James A. Robinson, uno de los tres ganadores del Premio Nobel de Economía del 2024, en su ensayo “Colombia: ¿Otros cien años de soledad?”.
Desde la década de 1970, el narcotráfico ha sido un problema endémico. Las organizaciones criminales han crecido en poder e influencia, moldeando la economía y la política del país. A pesar de las estrategias de erradicación y sustitución de cultivos, las estadísticas sobre la siembra de coca y la producción de drogas siguen siendo alarmantes. Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2023 el área de cultivos de coca en Colombia alcanzó las 253 mil hectáreas, un incremento del 10% con respecto al año anterior, y se rompió el récord de producción de cocaína, al pasar de 1.738 toneladas métricas en 2022 a 2.664 toneladas métricas en el presente año, lo que equivale a un incremento del 53%.
Esta creciente producción está intrínsecamente relacionada con la falta de oportunidades económicas en las zonas rurales. En comunidades donde el Estado es prácticamente ausente, el cultivo de coca se convierte en la única opción viable para muchas familias, situación que ha convertido a algunas regiones en zonas de concentración para actividades ilegales adicionales como la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión, el tráfico de armas, el lavado de activos, el contrabando, entre otras acciones criminales, lo que perjudica la economía local y dificulta el control de la ilegalidad.
La falta de reformas estructurales en la gobernanza al respecto es un obstáculo crucial. Las élites criminales han mantenido su poder e influencia, muchas veces al utilizar el narcotráfico como herramienta para perpetuar su control sobre las comunidades. Según Robinson, sin un cambio radical en las instituciones y una mayor inclusión social, Colombia podría enfrentar otros cien años de soledad. Esto se traduce en un ciclo donde la corrupción y la impunidad alimentan el narcotráfico, mientras que las poblaciones vulnerables quedan atrapadas en una red de violencia y desesperanza.
El narcotráfico también tiene un impacto devastador en el medio ambiente. La siembra de la planta de coca implica la deforestación y el uso de químicos tóxicos que contaminan suelos y fuentes de agua. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las áreas deforestadas para el cultivo de coca han aumentado en un 40% en los últimos cinco años. Este daño ambiental no solo afecta la biodiversidad, sino que también socava la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades.
Es imperativo que, tanto las autoridades como la ciudadanía tomen medidas decisivas para romper esta espiral destructiva. Se necesita una reforma agraria que ofrezca alternativas económicas sostenibles al campesinado. Esto incluye el desarrollo de programas de capacitación y acceso a mercados para productos legales, así como la implementación de cultivos alternativos. Es fundamental fortalecer las instituciones locales para que puedan satisfacer las necesidades básicas y generar confianza en la comunidad.
Las anteriores iniciativas requieren además una mejora en las relaciones internacionales para aprovechar la cooperación con otros países y ejecutar programas efectivos de desarrollo, seguridad e intercambio de información. De la misma forma, fortalecer las operaciones de interdicción en la producción de drogas, mediante un programa integral que combine operaciones de la Fuerza Pública, incautaciones de droga, erradicación de cultivos ilícitos, la fumigación aérea controlada con desarrollo sostenible y el establecimiento de políticas públicas para combatir la producción y comercialización de narcóticos; estrategias a incluir dentro de la implementación de un sistema de monitoreo para evaluar su efectividad y minimizar impactos negativos, todo ello en un marco de participación comunitaria que fomente el diálogo y la cooperación, asegurando así que las comunidades sean parte activa del proceso y no meras víctimas de decisiones externas.
A su vez, el compromiso de las autoridades para establecer reformas que ataquen no solo los síntomas, sino también las causas profundas del narcotráfico. La ciudadanía, por su parte, está en la capacidad de exigir transparencia y rendición de cuentas, así como participar activamente en la formulación de políticas que afecten sus vidas. La trampa de la soledad que Colombia enfrenta con decisión política es evitable. Con un enfoque proactivo y colaborativo es posible construir un futuro donde la paz, la justicia y la sostenibilidad vayan de la mano. Solo así, Colombia podrá salir y romper el círculo de la desesperanza del narcotráfico y avanzar hacia un desarrollo integral que beneficie a todos sus ciudadanos.
