C. RP. Jorge Elias Salazar Pedreros

El proceso de movilización violenta iniciado en Colombia desde finales del año 2019, como se ha dicho por diferentes autores e investigadores, responde a una ola de protestas que ha involucrado varios países de la región, que se caracteriza porque utilizan medios no convencionales de presión puesto que se salen del marco pacífico y racional de entender los problemas y las necesidades del conglomerado social que por razones evidentes causadas por la pandemia se han agravado y han elevado los ánimos de los sectores sociales menos favorecidos o con mayores necesidades, a un punto de inflexión que ha provocado una serie de reacciones y actuaciones que evidencian una debilidad en la cultura ciudadana y que han causado un resquebrajamiento de la convivencia pacífica.

La convivencia pacífica es el resultado de un proceso de construcción de referentes individuales y colectivos que se fundamentan en normas, principios y valores; que conciben y respetan la biodiversidad y los aspectos pluriculturales, permitiendo a la comunidad en general convivir en paz, gozar de la tranquilidad, mantener unos niveles bajos de temor y miedo y disfrutar de un ambiente donde prime el respeto a la persona, a sus derechos y sus libertades.

Esta construcción de la convivencia se da durante el proceso histórico de constitución y de desarrollo del Estado y de la sociedad, por tanto, las determinaciones que se toman para regular el comportamiento y conducta de los ciudadanos las cuales se adoptan por medio de leyes y normas deben ser respetadas y acatadas por la comunidad en general y son un pilar para el logro de la convivencia pacífica.

La Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia, define la convivencia como “la interacción pacífica, armónica y respetuosa entre las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico.”  

No obstante que en nuestro país existen bastantes normas legales y reglamentarias que apuntan al logro y mantenimiento de la convivencia, en los acontecimientos de protesta violenta y vandálica que se han observado en los años 2019, 2020 y ahora en el 2021 se evidencia un claro irrespeto e incumplimiento a las normas, pero además a los principios y valores que deben regir la sana convivencia social, lo que ha causado una fractura que afecta gravemente este ambiente en el cual se debe proteger y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y humanos de los ciudadanos, pero además el ejercicio de sus libertades públicas.

Las formas de actuación violenta, agresiva, amenazante, violatoria de derechos y libertades, impositiva y delincuencial que han mostrado los grupos vandálicos anarquistas ponen la convivencia pacífica ciudadana en crisis al afectarse las garantías para convivir y para lograr desarrollar las actividades vitales que implican la supervivencia y las garantías de pertenecer a un Estado social democrático.

Como se ha observado, la protesta violenta ha mostrado un grado de organización que se evidencia en la planeación de las acciones (integrantes, objetivos, elementos para el ataque y medios logísticos) y en la distribución de roles y actividades al interior de los grupos vandálicos