La convivencia pacífica y la seguridad ciudadana son un requisito esencial para el desarrollo. Por lo tanto, cuando un crimen ocurre, se generan costos sociales y económicos para el país que lo alejan de la senda del desarrollo sostenible.
Entre los costos sociales se incluye la pérdida de vidas por homicidios, la disminución de la calidad de vida de las personas por ser víctimas de un hecho, al igual que la pérdida de capital humano y de ingresos por encarcelamiento de una parte de la población.
Además, los hogares y las empresas reducen la inversión en actividades productivas al gastar parte de sus ingresos para protegerse del crimen, y los gobiernos cambian la asignación de los recursos públicos para disminuir la prevalencia de hechos delictivos (Inter-American Development Bank, 2017; UNODC, 2010).
Los países de América Latina y el Caribe incurren en un gasto promedio de 3,5 % del producto interno bruto (PIB) en estrategias contra el crimen; costos que se deben principalmente a la alta tasa de homicidios de la región, la cual cuenta con el mayor número de registros en el mundo.
Durante 2017, cerca de 120.000 personas fallecieron a causa de la violencia en este territorio. En particular, de El Salvador, Venezuela, Brasil, Honduras, y Colombia son los países con las tasas de homicidios más alta de América Latina (UNODC, 2019).
Para Colombia los costos son inferiores al promedio de la región, tal es el caso del año 2014, cuando el costo anual asociado al crimen representó el 3,12 % del PIB nacional (Inter-American Development Bank,
2017).
En ese contexto, destaca que el país ha avanzado en la disminución de los costos asociados al crimen. En especial, ha logrado reducir su tasa de homicidios significativamente en las últimas décadas, así: a comienzos de los años 1990 el país presentaba una tasa de 80 por cada 100.000 habitantes, mientras que para 2019 se registró una tasa de 24 homicidios.
Los logros pueden relacionarse con múltiples acontecimientos: la puesta en marcha de políticas de Estado contra la criminalidad y la delincuencia; la desarticulación de grupos al margen de la ley; un cambio de comportamiento por parte de los grupos ilegales, entre otros. Si bien los resultados
son positivos, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia para
2030 debe disminuir la tasa de homicidios a 16,4 por cada 100.000 habitantes, razón
por la cual el país enfrenta un reto significativo en los próximos años.
FUENTE: JUAN DAVID GELVEZ FERREIRA
