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Por: CR. (RP). Jorge Elías Salazar Pedreros

Presidente Colegio Profesional de Administradores Policiales

Por estos días se desarrollan múltiples convocatorias en diferentes escenarios para hablar y analizar los problemas de seguridad y formular propuestas de solución o mejoramiento a la seguridad de Bogotá, para ser tenidas en cuenta en la formulación del Plan de Desarrollo Distrital.

Mi perspectiva, que surge de las reuniones en las que he tenido oportunidad de participar, es que se continúan haciendo los mismos planteamientos que tradicionalmente se realizan, entre ellos el fortalecimiento de capacidades logísticas y tecnológicas para la policía, la conexión de las cámaras que se encuentran instaladas en determinados sectores para incrementar la video vigilancia, mejorar el alumbrado público en determinados sectores, fortalecer los planes operativos de la policía involucrando el ejército y la fiscalía, entre otros.

Se plantea nuevamente la evidencia que refleja el estudio y análisis estadístico del comportamiento delictual en cuanto a lugares, días y horas de incidencia, modalidades más realizadas por los delincuentes, entre otros, todo esto mapeado y quirúrgicamente determinado con el nivel de detalle que da la inteligencia artificial y la analítica de datos que se extraen por medio de algoritmos diseñados a partir de la gran cantidad de hechos registrados por denuncia de los ciudadanos afectados.

Se retoma el tema trillado de la cultura ciudadana para mejorar la convivencia ciudadana y recobrar la confianza de la ciudadanía en las autoridades y la institucionalidad en general, y de la prevención por medio de la participación ciudadana.

Se mencionan estos aspectos en forma muy resumida, porque se puntualizan muchas acciones más, que repito generalmente se plantean; y esto como se diría en una conversación propositiva correspondería a “los qué” y son bastantes.

Surge también en estos debates la mención de algunos problemas existentes, y uno de los más reiterativos es la falta de coordinación y articulación de todos los actores comprometidos en el logro de la seguridad, con una dificultad mayor en Bogotá por la defectuosa y débil estructura en que se encuentran las Alcaldías Locales pues no elaboran su Plan Integral de Seguridad y no tienen la arquitectura para implementar el del Distrito.

Se observa que se continúa en un círculo negativo de planteamientos que a pesar de ser evidente que para lograr “los que” por medio de “los cómo” hay que tomar decisiones sobre los embudos o cuellos de botella que a pesar de las buenas intenciones, si no se superan no se va a poder salir de ese círculo adverso, entre ellos:

1. Incrementar el número de efectivos de la Policía Nacional exclusivamente para el servicio de vigilancia y seguridad ciudadana, o sea para el patrullaje público. No podemos seguir aceptando que “es más importante la calidad que la cantidad”, eso es pura parafernalia, es un planteamiento que no aplica para atender la demografía y la extensión territorial de una ciudad como Bogotá, la proliferación exponencial de la delincuencia común y la especialización de la delincuencia organizada que ha venido llenando cada vez más los mapas de calor, la multiplicidad de conflictos y comportamientos contrarios a la convivencia, sumado a ello los actos de anarquía vandalismo y terrorismo urbano disfrazado de protesta social, el desorden y la total ausencia de autoridad para garantizar el espacio público a los ciudadanos, entre otros.

2. Incrementar el número de investigadores judiciales de la policía judicial y del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía.

3. El incremento proporcional de jueces, para lograr la oportunidad y efectividad de la justicia.

4. Implementar un modelo de gestión integral de carácter sistémico para la convivencia y la seguridad ciudadana que solucione el gran problema de la falta de coordinación, articulación y corresponsabilidad de las autoridades, las instituciones y entidades, y que permita mejorar la eficiencia y la efectividad de los planes, programas, proyectos y la inversión de los cuantiosos recursos económicos que se comprometen en la seguridad y la convivencia.

5. Quizá uno de los más complejos, solucionar la capacidad para mantener en centro de reclusión a los procesados y aumentar significativamente el número de cupos carcelarios para los condenados, sobre todo para que los “jueces” no tengan disculpa de enviar a los delincuentes de regreso a la calle.

Por poner solo un ejemplo, con las capacidades actuales, la Policía de Bogotá realiza diariamente un alto número de capturas de delincuentes de todo tipo, que frente al índice de incidencia no hace mella, sin embargo con la capacidad actual de la Fiscalía y los Jueces, se represa la judicialización, se continúan llenado las Estaciones de Policía, se demoran los procesos penales y se toman las acciones en detrimento de los ciudadanos como la de dejar en detención domiciliaria a gran cantidad de delincuentes.

Entonces, si este análisis es simple y claro, ¿por qué en la propuesta actual de Plan de Desarrollo no se toman decisiones trascendentales que en realidad proyecten un cambio a la situación imperante?, y al contrario, a pesar de saberlo, se continúa con un planteamiento que en resumen “es más de lo mismo” por tanto no se pueden esperar resultados diferentes. Pues si la Policía con más tecnología y medios incrementa la cantidad de capturas, se incrementará mucho más el represamiento de investigaciones judiciales, el hacinamiento en las Estaciones de Policía y la impunidad.

Por lo tanto desde nuestra perspectiva de administración policial, hacemos algunos planteamientos que pueden responder a algunos de “los como”:

1. Desarrollo de un Programa de Formación en Cultura Ciudadana para la Convivencia Pacífica y la Seguridad, con enfoque educativo y en clave de proceso de capacitación a la ciudadanía, con perspectiva de largo plazo que sea aprobado mediante Acuerdo Distrital.

2. Programa de formación de Gestores Comunitarios en Convivencia para desarrollar la mediación comunitaria para la convivencia y convertirse en multiplicadores en el Programa de Formación en Cultura Ciudadana.

3. Incremento de investigadores judiciales vinculando a los integrantes de la Reserva Policial en su mayoría Veteranos que sirvieron en este campo y tienen la capacitación, el conocimiento y la experiencia. Y consecuentemente desarrollar proyectos de ampliación de las instalaciones de la URI por lo menos a dos unidades en las localidades de mayor problemática.

4. Programa de Policía Cívica (Ley 4 de 1991) la cual deberá ser remunerada con recursos del Distrito, integrada con personal de la Reserva Policial, la cual estaría bajo coordinación de la Policía Nacional para cumplir funciones administrativas de la institución y actividades en terreno en los programas de prevención del delito, participación ciudadana y fomento de la convivencia tanto Distritales como policiales.

5. Diseñar una arquitectura para la seguridad y la convivencia ciudadana que genere el engranaje entre el nivel central (secretaria de seguridad y secretarias de gobierno, cultura, educación, salud, entre otras) y las Alcaldías Locales, para la coordinación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana diferenciado a las problemáticas de cada localidad.

6. Incrementar los recursos para invertir en la seguridad y la convivencia ciudadana. Se tiene conocimiento que los recursos para la seguridad del gobierno distrital anterior fueron menos del 2% de todo el presupuesto del Distrito, por tanto, ¿cómo se puede sustentar que se van a mejorar los resultados?

7. Implementar los mecanismos necesarios para la materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia en cuanto al cumplimiento y respeto por parte de los ciudadanos y trasversal al programa de Formación en Cultura Ciudadana para la Convivencia.

La comunidad reclama más seguridad, más presencia de la policía y mayor autoridad.

My (RP) Héctor Castro Corredor

Administrador Policial.

Especialista en seguridad, investigación criminal y alta gerencia.

En el horizonte contemporáneo, la seguridad de los ciudadanos se distingue como un punto axial y crítico para las administraciones municipales y departamentales a lo largo del país. La diversidad, dinámica y complejidad de los retos en materia de seguridad, que van desde la criminalidad organizada a los desastres naturales, exige abordajes integrales y colaborativos para la protección de la ciudadanía y el fomento de su bienestar. Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC se han erigido como esquemas vitales para la gestión de la seguridad en su territorio. Los PISCC pueden definirse como instrumentos de planeación estratégica que deben seguir las administraciones locales y departamentales en el transcurso del cuatrienio de gobierno, en materia de convivencia y seguridad ciudadana . Tales planes prevén elementos como la prevención del crimen, la gestión de emergencias, la movilidad, etc.

Los PISCC, al tener un enfoque holístico, permiten identificar la interconexión de varios factores que gravitan en torno a la seguridad y convivencia ciudadana, como la infraestructura urbana, el entorno físico, la cohesión social y la calidad de vida, lo que permite atacar de manera efectiva y completa las causas fundamentales de la inseguridad. Finalmente, promueven la participación comunitaria en la identificación de problemas de seguridad, la creación de soluciones y la implementación de medidas de prevención, lo que genera la responsabilidad y el sentido de participación de los ciudadanos sobre su entorno, así como la cooperación y la colaboración de una alianza compuesta por la sociedad, el sector privado y los gobiernos locales.

El 18 de marzo de 2024, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), presentó la Guía Metodológica para la Formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los PISCC , que se establece como una hoja de ruta para la elaboración de estos instrumentos de planeación estratégica por parte de las entidades territoriales. Aunque existían versiones previas, este nuevo instrumento metodológico orienta a los gestores de los PISCC en su integración al módulo especializado para su implementación dentro del Sistema de Planeación Territorial (SisPT) , lo que representa un progreso significativo en la administración de la seguridad ciudadana. Este módulo, también implementado en esta iniciativa innovadora del DNP, ofrece herramientas y recursos específicos que facilitan la formulación, ejecución y monitoreo de los planes integrales de seguridad, proporcionando ventajas como la centralización de la información y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.

El módulo PISCC, así nombrado por el DNP, aporta significativamente en cuanto a la incidencia en la construcción, seguimiento, evaluación y mejoramiento de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana como quiera que el enfoque en la gestión territorial se vería positivamente afectado en aspectos que van desde la construcción de los PISCC ya que permite identificar áreas prioritarias y vulnerables en el territorio, así como determinar las necesidades específicas de seguridad y convivencia ciudadana de cada jurisdicción territorial; facilita hacer seguimiento a estos planes integrales; la evaluación  se puede adelantar a partir de herramientas para valorar el impacto y la efectividad de los PISCC que permiten realizar análisis comparativos de indicadores antes y después de la implementación de los mismos; genera evaluaciones cualitativas de la percepción ciudadana y la satisfacción con las medidas implementadas; El SisPT contribuye al  mejoramiento de los PISCC a través de la propuesta de una mejora continua de los planes con soporte en los resultados de la evaluación y el monitoreo para lograr identificar áreas de intervención prioritarias y diseñar estrategias específicas para fortalecer la seguridad y la calidad de vida en las comunidades. Esto puede implicar la asignación de recursos adicionales, la implementación de nuevas medidas preventivas o correctivas y la revisión de políticas y procedimientos existentes.

En síntesis, los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana se constituyen en herramientas esenciales para fomentar la seguridad y el bienestar de la población en zonas urbanas. La disponibilidad de la Guía Metodológica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los PISCC, junto con la integración de un módulo especializado dentro del SisPT, aumenta su eficacia y utilidad, ofreciendo una plataforma completa y colaborativa para la gestión de la seguridad territorial. Al utilizar este recurso, los gobiernos departamentales y municipales pueden ampliar sus capacidades de planificación, ejecución y evaluación de políticas y programas de seguridad ciudadana, contribuyendo de esta manera a la creación de ciudades más seguras, inclusivas y resilientes más allá de la simple retórica que se identificaba en algunos entes territoriales.

Por: GR. (RP) Hipólito Herrera Carreño
Expresidente Colegio Profesional de Administradores Policiales

Cada vez que hay eventos de inseguridad o de crisis sociales, generalmente las autoridades administrativas o de Policía, los medios de información, los gremios económicos y la comunidad siempre apuntan a recargarle la responsabilidad a la Policía sin corresponderle estrictamente y pretenden que esta sea la que debe “apagar los incendios” y responder por la solución al problema presente y de ahí sale la policía y se hace cargo o se responsabiliza con acciones inmediatistas y no de fondo como debe ser porque siempre se apaga el fuego con determinaciones del lado que no corresponde integralmente.

Me excuso recordar la frase de que: “NO ES LA POLICIA (ESTRICTAMENTE) LA LLAMADA A REFORMARSE Y REESTRUCTURARSE, SINO LA SOCIEDAD Y LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ODE POLICIA QUE LA GOBIERNAN Y ADMINISTRAN” por cuanto es en el seno de la sociedad donde se gestan todos los comportamientos contrarios a la Convivencia y la Seguridad y por Ley son las Autoridades de Policía las responsables del Orden Público y las llamadas a responder y a atender con decisión y determinación estas problemáticas.

Uno de los problemas de nuestro país, es que los FUNCIONARIOS tan pronto son electos nombran sus equipos de gobierno, y tanto el mandatario, como sus funcionarios, unos y otros, carecen de conocimiento, capacidad y experiencia para ejercer esos cargos, primero de manera ética, de transparencia y de resultado administrativo, por cuanto los cargos se ocupan con personas solo para cubrir cuotas burocráticas y para pagar favores políticos de campaña y como desconocen a la sociedad, sus problemas y necesidades (dentro de los cuales la INSEGURIDAD ES LA PRIMERA PRIORIDAD) no les llama la atención resolverlos, siendo ello la causa porque siempre andamos tal cual y los delitos cada vez crecen exponencialmente sin ningún control ( cada año estos crecen y se incrementan en por lo menos un 20 a 30% en general).

Recuerdo que el Sistema Integrado de Gestión para la Convivencia y la Seguridad (SIGEC) del COLPAP, estableció precisamente que una de las fallas estructurales de las administraciones consiste en que las autoridades y sus funcionarios actúan totalmente desarticulados (cada uno en cargos de responsabilidad) hacen lo que pueden o les parece de manera individual sin general al final GESTIÓN PARA RESULTADOS y como es lógico los recursos se invierten generalmente a dedo y sin ninguna objetividad ni resultado positivo.

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