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Por: My (RP) Héctor Castro Corredor
Administrador Policial.
Especialista en seguridad, investigación criminal y alta gerencia.
Consultor SVSP, Miembro colegiado COLPAP.

La Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, define la convivencia como “la interacción pacífica,
respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el
ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico”. En el mundo digital,
este principio se traduce en una interacción empática y responsable,
soportada en valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad. La
construcción de un entorno digital sano demanda proteger los derechos
y la dignidad de los cibernavegantes, promover el uso ético de la
tecnología y facilitar la resolución pacífica de conflictos en línea y atender
la observancia de algunos deberes.

El uso masivo de redes sociales y plataformas digitales ha redefinido la
manera en que las personas interactúan, trabajan, comunican, y
participan en la sociedad. Según el informe We Are Social y Hootsuite
(2024), el 77% de los colombianos tiene acceso a internet y el 71% utiliza
redes sociales diariamente, consolidando el espacio digital como un eje
fundamental de la ciudadanía.

Así como la ciudadanía establece un vínculo jurídico y político entre
individuos y el Estado, la ciudadanía digital regula las interacciones de los
actores en el ciberespacio; más allá del acceso tecnológico, implica un
conjunto de competencias esenciales que permiten a los ciudadanos
informarse, evaluar, crear y compartir contenido de manera segura, crítica
y considerada, fortaleciendo su participación en los ámbitos personal,
profesional y social. En Colombia, la ciudadanía digital se regula a través
de leyes, una política pública y otras normativas que buscan garantizar
derechos digitales, acceso equitativo a la tecnología y protección de
datos.
Nuestros valores y actitudes deben trascender los entornos digitales,
promoviendo la empatía y el respeto hacia los derechos humanos propios
y de terceros. Evitar agresiones, proteger la privacidad y fomentar el
diálogo constructivo son principios esenciales para una convivencia digital
armónica. Al interactuar en línea, es vital reconocer que formamos parte
de una sociedad interconectada, donde cada acción contribuye a la
cultura digital compartida.

Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos en el
entorno virtual. Aunque cada país define sus normas legales, en Internet su
aplicación es compleja debido a la falta de fronteras y regulaciones
universales. Para garantizar la ciudadanía digital, es imprescindible recurrir
a convenciones internacionales sobre derechos humanos y digitales,
asegurando principios como la privacidad, libertad de expresión y acceso
equitativo a la información. Sin embargo, el entorno digital también
presenta riesgos y desafíos emergentes, como el discurso de odio, la
desinformación, el ciberacoso y la pérdida de privacidad. Ejemplos
recientes, como los ataques coordinados a líderes sociales y la viralización
de información falsa en las elecciones regionales de 2023, evidencian la
urgencia de establecer una ética de la convivencia digital.

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Por Jimmy Bedoya Ramírez

En Colombia, el miedo ha dejado de ser una reacción para convertirse en una forma de vida. No siempre tememos por lo que ocurre, sino por lo que imaginamos que podría pasar. Esa sensación difusa —que se alimenta del recuerdo, del rumor, del titular, del pasado violento— ha construido un imaginario colectivo en el que la seguridad se mide por el encierro, la desconfianza y el control, más que por la convivencia, la prevención y la justicia.

Uno de los aspectos más trágicos de esta visión es la institucionalización de ese miedo. Convertimos la desconfianza en estrategia, la reja en escudo, la fuerza en sinónimo de solución, y lo peor: lo aplaudimos. Porque si algo nos da tranquilidad en medio del caos, por ilusoria que sea, la damos por válida. Pero, ¿y si la tranquilidad que sentimos no fuera protección, sino resignación? ¿Y si las únicas paredes que erigimos son las que nos aíslan de la solución?

La desconexión entre percepción y realidad en materia de seguridad es alarmante: según el BID (2023), el 76% de los ciudadanos del país se sienten inseguros, una cifra muy por encima del promedio latinoamericano (51%). Como explicó Zygmunt Bauman, en Miedo líquido, las amenazas modernas son difusas e impredecibles, y nos lleva a aferrarnos a símbolos de control con más cámaras de vigilancia y más policías, aunque esenciales en las estrategias de seguridad porque generan una tranquilidad, esta resulta ilusoria al no ser acompañada de transformaciones efectivas sobre las causas del delito. Mientras seguimos invirtiendo en estas seguridades aparentes, descuidamos los verdaderos pilares de la seguridad: confianza institucional, justicia accesible y prevención social.

Y cuando ese miedo manda, manda mal. Es la paradoja de la seguridad reactiva: se invierte en lo que se ve, no en lo que renueva, como si curáramos la fiebre sin atender la infección. Así seguimos aplicando medidas urgentes a problemas que exigen profundidad, visión y transformación.

Las políticas públicas que operan bajo esta lógica terminan siendo prisioneras del rating, del titular de prensa, de la inmediatez, y ese cortoplacismo nos debilita. En lugar de construir entornos seguros, administramos el miedo, que fragmenta las instituciones y ahonda la desconfianza comunitaria.

Sin embargo, existe otra forma de hacer las cosas. Experiencias como la de Medellín, que apostó por el urbanismo social y el fortalecimiento de los programas de inclusión en lugar de solo el aumento del pie de fuerza momentánea, o como la de Japón, basada en normas cívicas y cohesión comunitaria, demuestran que la seguridad se construye con oportunidades, cultura y corresponsabilidad. En ambos casos el eje fue la prevención inteligente más allá del castigo. Así, el control se equilibra con educación, dignidad y legitimidad institucional.

Nuestro país requiere liderazgos sin fabricación de seguridades simbólicas para construir confianza real. Una política pública que escuche el miedo ciudadano, sin subordinarse a este y utilice la evidencia y no el pánico como brújula. La seguridad no es un muro más alto ni un algoritmo más sofisticado: es la posibilidad real de caminar sin miedo, de confiar en el otro y de vivir plenamente con mayor compromiso estatal y ciudadano.