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Por Jimmy Bedoya Ramírez

La Fuerza Pública en Colombia ha tenido un papel trascendental en la defensa de la soberanía y el orden constitucional del país. Por tal motivo, los comandantes de cada una de las Fuerzas Militares (FFMM) y la Policía Nacional reconocieron en protección de la Carta Magna a un exintegrante de un grupo subversivo como comandante en jefe en la ceremonia de posesión presidencial.

Hoy el país cuenta con la Fuerza Pública más profesional de su historia, y es para conocimiento de todos, las FFMM y Policía más fortalecidas de América Latina, como resultado de las políticas desarrolladas en las últimas décadas y la experiencia adquirida por el conflicto interno; así mismo cuentan con el reconocimiento de la sociedad.

Sin embargo, desde que asumió el gobierno el presidente Petro, se han tomado una serie de determinaciones que han debilitado la seguridad pública, lo cual repercute en la convivencia y percepción de seguridad. Hay quienes piensan que esto se deba a planes oscuros de debilitamiento a la Fuerza Pública, pero en definitiva se evidencian fallas en el liderazgo pertinente en la toma de decisiones.

El presidente asumió el poder con el planteamiento de una “paz total”, que implica lograr acuerdos con los grupos armados en busca de su desmovilización, para generar espacios que permitan disolver las motivaciones de la violencia, reducir las brechas en la propiedad de la tierra y la desigualdad en el campo, y el fin del narcotráfico; aspectos imprescindibles para alcanzar la paz.

Las grietas en el liderazgo delegado por el pueblo pueden repercutir en la defensa del Estado y su sistema democrático

Pero en Colombia, las disputas por el control territorial de las economías ilícitas se han acrecentado ante una débil presencia del Estado en el territorio que se revela insuficiente para evitar estos enfrentamientos, desconcertando a la sociedad civil.

Cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal indican que los homicidios aumentaron cerca de un 5.2% entre enero y noviembre de 2023 respecto al 2022. En los primeros 11 meses de 2023, se presentaron 12.682 homicidios, 637 casos más que en 2022 cuando se registraron 12.045. La tasa de homicidio del país es de 25.4 por cien mil habitantes; la tasa del mundo es de 5.8 según la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Otro delito que más causa percepción de inseguridad es el hurto, principalmente el hurto a celulares y de bicicletas los cuales tocan al ciudadano de a pie y van en aumento; de la misma forma, se incrementaron las extorsiones. En 2023, según la Policía, se presentaron 8.551 casos frente a 7.404 del 2022, recordemos que este es un delito con un alto subregistro por la falta de denuncia.

¿Dónde está el liderazgo? Las FFMM y la Policía son instituciones fundamentales para atender esta crisis, y cuentan con el capital humano profesionalizado para actuar. Si bien a la Fuerza Pública no le corresponde resolver todos los problemas sociales generadores de violencia, sí son una herramienta esencial para contener el aumento de los mismos y facilitar que en los territorios puedan llegar las demás instituciones con sus planes de desarrollo social.

Las grietas en el liderazgo delegado por el pueblo pueden repercutir en la defensa del Estado y su sistema democrático. La estabilidad del país requiere avanzar en líneas puntuales propuestas desde el ejecutivo para el robustecimiento en la toma de decisiones que le permitan a la Fuerza Pública cumplir con su mandato constitucional y que no se les cause un daño irreversible a estas y al país.

Por Jimmy Bedoya Ramírez

En Colombia, el miedo ha dejado de ser una reacción para convertirse en una forma de vida. No siempre tememos por lo que ocurre, sino por lo que imaginamos que podría pasar. Esa sensación difusa —que se alimenta del recuerdo, del rumor, del titular, del pasado violento— ha construido un imaginario colectivo en el que la seguridad se mide por el encierro, la desconfianza y el control, más que por la convivencia, la prevención y la justicia.

Uno de los aspectos más trágicos de esta visión es la institucionalización de ese miedo. Convertimos la desconfianza en estrategia, la reja en escudo, la fuerza en sinónimo de solución, y lo peor: lo aplaudimos. Porque si algo nos da tranquilidad en medio del caos, por ilusoria que sea, la damos por válida. Pero, ¿y si la tranquilidad que sentimos no fuera protección, sino resignación? ¿Y si las únicas paredes que erigimos son las que nos aíslan de la solución?

La desconexión entre percepción y realidad en materia de seguridad es alarmante: según el BID (2023), el 76% de los ciudadanos del país se sienten inseguros, una cifra muy por encima del promedio latinoamericano (51%). Como explicó Zygmunt Bauman, en Miedo líquido, las amenazas modernas son difusas e impredecibles, y nos lleva a aferrarnos a símbolos de control con más cámaras de vigilancia y más policías, aunque esenciales en las estrategias de seguridad porque generan una tranquilidad, esta resulta ilusoria al no ser acompañada de transformaciones efectivas sobre las causas del delito. Mientras seguimos invirtiendo en estas seguridades aparentes, descuidamos los verdaderos pilares de la seguridad: confianza institucional, justicia accesible y prevención social.

Y cuando ese miedo manda, manda mal. Es la paradoja de la seguridad reactiva: se invierte en lo que se ve, no en lo que renueva, como si curáramos la fiebre sin atender la infección. Así seguimos aplicando medidas urgentes a problemas que exigen profundidad, visión y transformación.

Las políticas públicas que operan bajo esta lógica terminan siendo prisioneras del rating, del titular de prensa, de la inmediatez, y ese cortoplacismo nos debilita. En lugar de construir entornos seguros, administramos el miedo, que fragmenta las instituciones y ahonda la desconfianza comunitaria.

Sin embargo, existe otra forma de hacer las cosas. Experiencias como la de Medellín, que apostó por el urbanismo social y el fortalecimiento de los programas de inclusión en lugar de solo el aumento del pie de fuerza momentánea, o como la de Japón, basada en normas cívicas y cohesión comunitaria, demuestran que la seguridad se construye con oportunidades, cultura y corresponsabilidad. En ambos casos el eje fue la prevención inteligente más allá del castigo. Así, el control se equilibra con educación, dignidad y legitimidad institucional.

Nuestro país requiere liderazgos sin fabricación de seguridades simbólicas para construir confianza real. Una política pública que escuche el miedo ciudadano, sin subordinarse a este y utilice la evidencia y no el pánico como brújula. La seguridad no es un muro más alto ni un algoritmo más sofisticado: es la posibilidad real de caminar sin miedo, de confiar en el otro y de vivir plenamente con mayor compromiso estatal y ciudadano.

Por: BG. Humberto Aparicio Navia

Un sofocante sol cerníase sobre las escuálidas figuras de los escasos habitantes de aquel poblado que ciudad fue, un viento reseco curtía su ya verja piel, parecían más moradores de un extraño cementerio que seres humanos.

Aquella comarca había sido en tiempos idos emporio de riqueza y progreso; allí se confundían el oro, el licor como los encantos de mujer; hoy una nube gris danza en su cielo triste y una capa del mismo color cubre los techos en otrora color de granada en flor.

De sus románticas callejuelas y sus titilantes faroles todo se esfumó, el río ayer de aguas cristalinas enmudeció… La gente joven se había marchado en busca de nuevas perspectivas, no así los viejos que se aferraban al terruño como el labio del sediento al cántaro mitigante.

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Cada policía y soldado asesinado deja un hogar en silencio, una madre sin hijo, un niño sin padre. No podemos seguir comportándonos como si esto no nos afectara. En lo que va de este 2025, hechos como el reciente atentado en Balboa, Cauca, donde cinco militares murieron y otros 16 resultaron heridos, tres de ellos de gravedad, evidencian una violencia creciente y alarmante que no es un problema aislado, sino un síntoma profundo de nuestra fragmentación como sociedad.

Por años hemos normalizado la guerra interna, limitándonos a observar desde lejos cómo policías y soldados sacrifican sus vidas al enfrentar grupos ilegales que amenazan nuestra estabilidad. Se ha vuelto común escuchar noticias sobre militares muertos en emboscadas, policías asesinados en retenes o secuestrados por estructuras criminales. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos pasado de largo estos hechos al cambiar el canal de televisión o al cerrar las redes sociales? Esta indiferencia silenciosa se convierte en una forma dolorosa de complicidad.

No podemos seguir comportándonos como si esto no nos afectara. Es momento de entender que los miembros de nuestra Fuerza Pública también son parte esencial de Colombia. Su lucha es nuestra lucha, su dolor es nuestro dolor. Esta realidad nos exige actuar de manera distinta, nos demanda cohesión social, unidad ciudadana, respaldo verdadero hacia quienes entregan su vida protegiendo al país.

La violencia contra la Fuerza Pública no es únicamente un desafío militar o político. Es, ante todo, un desafío social y moral. Cuando un soldado cae, cuando un policía es asesinado y la comunidad no reacciona, los violentos ganan terreno. La seguridad no es solo un problema del Estado, es una responsabilidad colectiva. La respuesta no vendrá solo de la política pública o de estrategias militares aisladas, sino de un compromiso real y auténtico de toda la sociedad colombiana.

En este punto, vale la pena voltear nuestra mirada hacia Japón. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial Japón logró levantarse gracias a un modelo de cohesión social excepcional basado en la disciplina, el respeto a la autoridad, y un profundo sentido comunitario. Hoy, la sociedad japonesa respalda en pleno a sus fuerzas de seguridad, entendiendo que quienes las conforman no son ajenos a ellos, sino parte integral y esencial del bienestar colectivo. Esta cohesión ha sido su mejor escudo frente a la violencia y la criminalidad.

¿Puede Colombia aprender de esta experiencia? Claro que sí. No es cuestión de copiar, sino de inspirarnos en esa solidaridad y disciplina que hacen de Japón un país resiliente frente a la adversidad. Nuestro desafío es enorme, pero no imposible. Es momento de superar divisiones internas y unirnos, no solo por empatía hacia quienes han perdido seres queridos, sino porque entender el valor de la vida de cada uniformado es comprender el valor de nuestra propia nación.

Debemos preguntarnos: cuando llegue una amenaza directa contra nosotros, ¿quién acudirá al llamado? ¿A quién pediremos ayuda? ¿Seremos coherentes exigiendo respuestas inmediatas a quienes, desde nuestra indiferencia cotidiana, hemos mantenido distantes? Si continuamos ignorando a quienes protegen nuestra tranquilidad, ¿con qué legitimidad podremos exigir protección cuando llegue nuestra hora de necesidad?

Es hora de romper el ciclo de apatía que nos paraliza con una solidaridad que signifique reconocer en policías y militares colombianos con rostro y corazón, que arriesgan su vida cada día, y cuya lucha es también nuestra. Necesitamos construir una Colombia donde el respaldo a la Fuerza Pública sea una realidad cotidiana, genuina y palpable.

Esta transformación solidaria inicia con acciones concretas. Desde políticas públicas que mejoren las condiciones laborales y humanas de nuestros uniformados hasta iniciativas ciudadanas que reivindiquen su papel social. Un país que honra a sus defensores es un país destinado a prevalecer. Hagamos que Colombia sea una nación unida en la gratitud y la responsabilidad, asegurando así que ningún soldado o policía muera en el olvido. Porque, al final, la Fuerza Pública también es Colombia, y su lucha es nuestra defensa de la sociedad. 

Fuente: Jimmy Bedoya

Doctor en Administración Pública y Dirección Estratégica (NIU-USM). Máster en Administración de Recursos Humanos (UCAV de España). Máster en Administración de Negocios -MBA- (U. Externado). Especialista en Seguridad (ESPOL), Gobierno y Gerencia Pública (EAN) y Control Interno (U. Javeriana). Profesional en Administración Policial (ECSAN) y de Empresas (EAN), y CIDENAL (ESDEG). Es columnista y consultor con más de 30 años de experiencia en seguridad pública, capital humano y control interno.