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C. RP. Jorge Elias Salazar Pedreros

Se convierte en asunto de necesidad escribir nuevamente sobre la promovida reforma de la Policía Nacional, porque llama la atención la insistencia en modificar esta institución, supuestamente para mejorar la seguridad ciudadana o para fortalecer su carácter civil, pero con la intención muy clara de sacar la institución policial del Ministerio de Defensa Nacional, cuando es una institución que es muy
reconocida por su profesionalismo y por sus avances en conocimientos en la lucha contra delitos como el
narcotráfico, el secuestro y la extorsión, al punto de ser referente e invitado a participar en procesos de educación y formulación de estrategias en países del contexto latino americano desde hace varios años; pero como se dice “nadie es profeta en su tierra” y como suele ocurrir, al contrario, los mismos coterráneos tratan de subvalorar y de restar la importancia a los avances propios.

Cabe decir que estos avances los ha logrado la institución permaneciendo de manera estable por más de sesenta años en este ministerio. Los propósitos de reforma, sin embargo principalmente de dar una nueva ubicación en la estructura administrativa nacional a la institución policial, dejan ver cierto
empecinamiento casi obsesivo e improvisación mediática, pues, se aprecia que no existe un fundamento
que realmente sustente de forma argumentada, objetiva y sustentada la necesidad del cambio de ministerio de la institución policial.

En este sentido, han surgido propuestas que se observan como lanzadas a la deriva en espera que alguna pueda tener algún resultado, y esto es lo que precisamente le resta seriedad y sustento de ser proyectos que en verdad busquen mejorar la institución, beneficiar a los servidores policiales o buscar un mejor servicio de seguridad ciudadana al que ya presta el cuerpo policial actualmente.

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C. RP. Jorge Elias Salazar Pedreros

Es una realidad que los vientos de reforma dirigidos hacia la Policía Nacional propuestos por ciertos
sectores políticos pretendían y continúan con sus intenciones de afectar la estructura y funcionamiento
de nuestra entrañable institución, pero, vale reconocer las acciones anticipativas emprendidas por
la institución, que con apoyo del gobierno nacional planificó estrategias para implementar un proceso de
reforma integral, por medio de la organización de reuniones con diferentes sectores de la sociedad a las
cuales denominó “Hablemos de Policía”, con una visión integradora y participativa y con la disposición
de escuchar aportes y propuestas teniendo en cuenta el contexto externo a la institución.

En este sentido, el Colegio Profesional de Administradores Policiales asumió con gran compromiso, interés y liderazgo la invitación hecha por la Dirección General de la Policía Nacional, para participar en el proceso de construcción de las propuestas en diferentes frentes de trabajo para la reforma integral de la Policía Nacional, entendiendo la importancia de este momento histórico de evolución y desarrollo, que demanda respuestas a las necesidades de la misma institución que implican la adaptación – Profesionales al servicio de la Convivencia y la Seguridad y contextualización con la dinámica de los cambios que ofrece el entorno, y también para atender las inquietudes surgidas desde algunos sectores de la sociedad colombiana.

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C. RP. Jorge Elias Salazar Pedreros

Históricamente la convivencia pacífica y civilizada en Colombia ha sido afectada por diferentes fenómenos que han afectado el buen vivir, el disfrute de la tranquilidad y el goce de un ambiente solidario sin temores y miedo a ser víctima de delitos o agresiones o de ser perturbado por las conductas o acciones de los demás ciudadanos.

Es así como el relacionamiento de muchos grupos e individuos de nuestra sociedad ha estado mediado por expresiones conflictivas y de confrontación como la violencia política, la lucha por la tenencia de las tierras, la aparición de grupos armados ilegales que tomaron ideologías políticas de izquierda y pretendieron por la vía de las armas imponerlas en nuestro país buscando cambiar violentamente nuestro modelo de gobierno democrático, sumado a ello, el narcotráfico y ahora la protesta social, que lamentablemente ha mostrado brotes de violencia y altos niveles de agresión hacia la Fuerza Pública y hacia la comunidad en general.

Este proceso de movilización violenta iniciado en Colombia desde finales del año 2019, continuado en el 2020 y en el 2021, se ha caracterizado por la visibilización de un perfil muy preocupante para la convivencia ciudadana ya que muestra conductas y formas de actuar de los protestantes “vándalos” marcadas por la premeditación y una organización planificada, altos niveles de violencia, agresividad, intención de confrontación, destrucción y total irrespeto a las normas de civilidad y convivencia, a la autoridad de policía y a los derechos fundamentales de los ciudadanos que no participan.

Se observa una actitud beligerante donde se renuncia a las opciones de manifestación pacífica y racional y al contrario se organizan para atacar a la Fuerza Policial, visualizándola como el “enemigo” por el hecho de representar al Estado y de cumplir la función Constitucional de proteger y restablecer el orden público para garantizar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos afectados por las protestas vandálicas.

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